ONGs desean que guerrilla y paramilitares no usen minas antipersonal

WASHINGTON.--- La sociedad civil tiene esperanzas de que los grupos guerrilleros y paramilitares colombianos acepten cuanto antes su llamado para firmar un acuerdo humanitario en el que se comprometan a no usar minas antipersonal o "quiebrapatas", manifestó una representante de la Campaña Colombiana contra Minas (CCM).
"Las organizaciones civiles colombianas están esperanzadas en que los grupos armados respondan al llamamiento para que no utilicen minas antipersonal, como comienzo para el logro de otros acuerdos", dijo Dorys Ardila Muñoz, en el marco de la reunión que la Campaña Internacional contra Minas (ICBL) realiza en la capital norteamericana desde la víspera.
Ardila Muñoz destacó que es la primera vez que la sociedad civil hace una exhortación de este tipo y que tuvo lugar el 27 y 28 de febrero pasado en el marco de un Seminario sobre la Convención de Ottawa y las Minas en Colombia, el único país en América donde se siguen sembrando minas.
Las negociaciones sobre las "quiebrapatas", como le dicen los colombianos a estos explosivos porque rara vez matan pero mutilan, requieren una estrategia diferente para cada actor no estatal, pero el objetivo de máxima sería lograr que firmen el Tratado Antiminas de 1997, que en Colombia entró en vigencia el 1 de marzo último.
La abogada dijo que eso era posible en el marco del Protocolo I de 1977, adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, y que se refiere a las mínimas reglas humanitarias, que tanto las fuerzas regulares como las irregulares deben cumplir con la sociedad civil.
"Estos Acuerdos Humanitarios permiten, desde el punto de vista técnico, regular la conducción de las hostilidades por parte de los combatientes y, desde el punto de vista político, "humanizar la guerra" y "crear un espacio de confianza para que las negociaciones de paz puedan concretar su contenido temático", aseguró.
Explicó que con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "el mayor grupo guerrillero, que controla 42.000 km2 en el sureste del país", el gobierno está negociando desde hace un año en base a un programa de 12 puntos y los rebeldes pretenden discutir otros temas antes que el asunto de las minas.
"De los 12 puntos, recién el noveno se refiere a derecho internacional humanitario, y ellos primero quieren negociar los primeros, como empleo y reforma agraria", dijo.
En cuanto al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), "establecido en el sur de Bolívar (noreste)", las conversaciones podrían resultar más rápidas porque el primer punto del temario de negociaciones es el del Derecho Internacional Humanitario.
El presidente Andrés Pastrana está actualmente en negociaciones preliminares con esta organización para establecer una zona de distensión que sirva de marco a las conversaciones.
El tema es un poco más complicado con los paramilitares o grupos de autodefensa, pero como es evidente que ellos también han usado minas, es necesario buscar alternativas para involucrarlos en su prohibición.
Al respecto, recordó que Pastrana ha creado recientemente un Comité de lucha contra el paramilitarismo y anticipó que el gobierno prepara un proyecto de ley que establecerá sanciones contra los que financien estos grupos, que podrían llegar desde la confiscación de bienes hasta la encarcelación.
En el marco del esfuerzo por lograr librar a Colombia de las minas antipersonal, las ONGs llamaron también a grupos armados desmovilizados a fines de los 80 y comienzos de los 90 a brindar información sobre las zonas que habían minado. Se trata del M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Ejercito Popular de Liberación (EPL) y Quintin Lame.
"Los exhortamos a reunirse y que, en un proceso de reconciliación nacional, realicen un relevamiento topográfico sobre la ubicación de minas y además se sumen a las tareas humanitarias que se están realizando, como la concientización sobre el problema, la rehabilitación de víctimas, su reinserción en la sociedad y señalamiento de zonas afectadas", sostuvo.
De acuerdo al informe "Sembrando minas, Cosechando muerte", preparado por Diana Roa, de la CCM, en Colombia hay unas 100.000 minas y 150 municipalidades de 25 de los 32 departamentos del país están afectados por la presencia o la sospecha de estos artefactos, lo que significa el 20% del territorio.
El trabajo precisa que las Fuerzas Armadas revelaron haber sembrado unas 20.000 minas antipersonal (alrededor de bases militares y torres de energía especialmente) y que los grupos no estatales hicieron lo propio con 50.000. Sostiene además que las víctimas rondarían las 730, pero no existen registros precisos.
El informe fue copatrocinado por el ministerio de Comunicaciones, el gobierno de Canadá y la delegación local de UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Tras el ingreso en vigor del Tratado de Ottawa, el gobierno de Bogotá cuenta con 4 años para la destrucción de los explosivos almacenados y con 10 para el desminado. Fuentes militares revelaron que ya están desenterrando artefactos, pero se niegan a brindar detalles por razones de seguridad, indicaron a la CCM.