Cultivos de coca en Colombia, "una amenaza para la seguridad nacional"

BOGOTA --- Los cultivos de coca existentes en Colombia representan el 67% del total mundial, llegando actualmente a unas 122.500 hectáreas, reveló este jueves el Ministerio de Defensa en un informe denominado "El narcotráfico, una amenaza para la seguridad nacional".
El estudio recopila informaciones de las Fuerzas Militares, la policía, la estatal Dirección de Estupefacientes y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
De acuerdo con el mismo, "desde 1995, cuando se registraba un promedio de 54.000 hectáreas de producción, la cifra aumentó a 100.000 hectáreas sembradas para 1999, y este año los cultivos llegarían a unas 122.500 hectáreas, según lo muestran las imágenes satelitales".
La producción mundial de cocaína se concentra en Colombia, Perú y Bolivia, estos últimos con el 21 y el 12% de la producción, respectivamente. "Paradójicamente, la calidad de la coca colombiana (materia prima de la cocaína), permite ubicar entre 25.000 a 30.000 dólares el kilo en Estados Unidos, mientras que en Europa se pagan hasta 50.000 dólares por kilo y en Rusia unos 90.000 dólares", dice el documento.
Este destaca que el 80% de los recursos que deja la cocaína exportada desde Colombia se queda en los mercados estadounidense y europeo, mientras que el 20% restante regresa a Colombia a través de contrabando, armas y dólares.
El documento relaciona directamente el crecimiento de las guerrillas izquierdistas y de los grupos paramilitares de ultraderecha con el narcotráfico.
Al respecto, señala que en el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), unos 32 de sus frentes rurales (de más de 60) tienen vínculos con la actividad del narcotráfico, en tanto que el grupo rebelde ha empezado a tener sus propias áreas de cultivo y a monopolizar la compra y la venta de la pasta básica y de clorhidrato de cocaína.
Asimismo, "las FARC han puesto en funcionamiento en las zonas cocaleras laboratorios que arriendan a los narcotraficantes interesados en procesar la droga".
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) "tiene cerca de siete frentes establecidos en zonas cocaleras", dice el informe, mientras que los paramilitares se han vinculado al negocio "gracias a las contribuciones de los narcotraficantes, que los financian en algunas zonas del país para que les brinden seguridad y protejan sus bienes del acecho de los grupos guerrilleros".
El estudio se refiere también a la participación económica de la guerrilla en el negocio, explicando que por cada kilo de producción de pasta básica recibe 13,5 dólares, por cada kilo de clorhidrato de cocaína percibe 45 dólares y por igual cantidad de cocaína embarcada, 9 dólares.
En cuanto a los ingresos por hectárea de cultivos de amapola (materia prima de la heroína), las guerrillas reciben 3.587 dólares por la protección de cultivos (unos 45 dólares por hectárea al mes), y por protección de laboratorios, unos 4.485 dólares semanalmente.
Asimismo, la guerrilla cobra 2.242 dólares por salida de vuelos nacionales cargados con la droga, otros 4.485 por vuelos internacionales e igual suma por brindar seguridad a las pistas clandestinas. Finalmente, cobra un 20% sobre el valor del transporte de insumos varios destinados a la producción de la droga, puntualiza el documento al respecto.
En cuanto a los sitios de cultivo, el informe del Ministerio de Defensa señaló que los departamentos más afectados por el fenómeno son el Putumayo (frontera con Ecuador), con cerca de 56.800 hectáreas sembradas, Guaviare (sureste) con 8.200, Norte de Santander (frontera con Venezuela) con 7.800, Caquetá (sur) con 6.800 y Bolívar (norte) con 6.500.
En cada una de esas regiones, los cultivadores recogen cuatro cosechas de hoja de coca al año y, en cada una de ellas, cerca de 1.350 kilos de hoja de coca por hectárea, que a su vez representan 1,6 kilos de base de coca, que se reducen a 1,45 kilos de cocaína.
El documento del ministerio concluye señalando que "la condición para superar esta problemática, es el mayor fortalecimiento de la cooperación internacional".
En ese sentido, el Gobierno del presidente Andrés Pastrana tiene previsto poner en marcha el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico, que, a un costo de 5.700 millones de dólares, tiene como objetivo la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos existentes en el país.
Sin embargo, algunos países vecinos, especialmente Venezuela, rechazan el componente militar del plan, argumentando que, con su ejecución, la problemática del narcotráfico colombiano se trasladará a esas naciones.