Colombia: Un año de agudización de conflicto en medio de esfuerzos de paz

BOGOTA --- Colombia concluye el año 2000 con la agudización de un conflicto armado agobiante para la población civil, que ve con pocas esperanzas los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, presionado también por el recelo de sus vecinos hacia el Plan Colombia de lucha contra las drogas.
Dos años después de haber llevado a la mesa de diálogo a la principal guerrilla del país -las marxistas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC)- a la que entregó el control de 42.000 km2 en el sur del territorio nacional, el gobernante conservador aún no ha visto recompensado sus esfuerzos para poner fin a cuatro décadas de conflicto.
El grupo guerrillero "congeló" el diálogo el pasado 14 de noviembre, por considerar que el Gobierno no combate decididamente a los paramilitares de derecha. Pastrana decidió el 7 de diciembre prorrogar la vigencia legal de la zona de distensión, pero por sólo 56 días, hasta el próximo 31 de enero, como una forma presionar por el reinicio de las negociaciones.
Al margen de la negociación de paz, el gobierno y el grupo marxista llegaron a un acuerdo para efectuar un "intercambio humanitario" de diez militares y policías enfermos rehenes de los rebeldes por igual número de guerrilleros presos, lo que podría abrir el camino hacia la liberación de cerca de 500 uniformados en poder de las FARC a cambio de la salida de la cárceles de un cifra igual de insurgentes.
Entre tanto, el conflicto ha dejado su histórico ámbito rural ganando cada vez más terreno en las ciudades, sin que las Fuerzas Armadas puedan brindar protección efectiva a la población frente a los distintos grupos armados, que cada vez más involucran en su guerra a los civiles que perciben como "auxiliadores" o "simpatizantes" de sus rivales.
En el incremento de la guerra participan también la segunda fuerza insurgente, el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El ELN ha hecho del saboteo a la infraestructura petrolera y eléctrica una decisiva arma de presión que ha combinado, para hacerla aún más demodelora, con el secuestro masivo de civiles, con el fin de obtener las condiciones que reclama para sentarse a dialogar con el Gobierno.
El pasado 24 de diciembre, ese grupo insurgente -el segundo en importancia- dejó en libertad a 42 uniformados que mantenía como rehenes -algunos desde hacía más de dos años-, luego de llegar en Cuba a un preacuerdo con el Gobierno de Pastrana para la desmilitarización de una zona al norte del país e iniciar un proceso de paz.
Las AUC, que justifican su existencia por el accionar insurgente y operan en algunos casos al amparo, por acción u omisión, del Ejército, también han hecho del secuestro un instrumento de lucha política. En octubre plagiaron a siete congresistas del opositor Partido Liberal para rechazar el canje de los uniformados propuesto por las FARC.
Estas tres fuerzas -que en conjunto suman cerca de 25.000 hombres, mujeres e incluso cientos de menores de edad bien armados- manifiestan su presencia en las tres cuartas partes del territorio nacional, enfrentándose no sólo por el control territorial, sino también por el de los cultivos de hoja de coca y de amapola (materias primas de la cocaína y la heroína).
Los combates entre las FARC y las AUC alcanzaron este año su máxima expresión en el cocalero departamento de Putumayo (sur), fronterizo con Ecuador y Perú, donde los insurgentes aislaron durante más de dos meses a los 350.000 habitantes mediante un paro armado que el Ejército no pudo romper y que sólo fue paliado con un puente aéro para evitar la hambruna entre la población.
Pastrana, convencido de que el narcotráfico guarda una estrecha relación económica con las guerrillas y los paramilitares, y que mientras no se desactive esa nefasta convivencia cualquier esfuerzo de negociación de paz resultará infructuoso, está empeñado en desterrar ese flagelo.
Con el decidido apoyo militar y económico de Estados Unidos, que le endosó 1.300 millones de dólares, Pastrana quiere poner en marcha una controvertida estrategia de lucha contra las drogas denominada Plan Colombia, cuya implementación tendrá un costo de 7.500 millones de dólares.
Pero esa iniciativa, está previsto iniciarse con fumigaciones masivas en el Putumayo, donde se concentra el 50% de las 120.000 hectáreas de cultivos ilícitos existentes en el país, es firmemente rechazada por las FARC, que la han recibido como una "declaración de guerra" de Pastrana y la punta de lanza de la intervención directa de Estados Unidos en el conflicto colombiano.
La estrategia también le ha costado a Pastrana el escepticismo de amplios sectores civiles que advierten que su aplicación no sólo avivará la guerra, sino que provocará graves consecuencias sociales por pretender encarar con un marcado énfasis militar un problema de hondas raíces socioeconómicas.
La coincidencia en esa apreciación de los gobiernos vecinos (Brasil, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela) los ha llevado a reaccionar inicialmente incrementando la seguridad en sus fronteras con Colombia, al tiempo que elevan sus voces de preocupación.
En el caso del presidente venezolano Hugo Chávez, esas discrepancias de valoración sobre el plan Colombia ya provocaron un distanciamiento diplomático entre los dos países que aunque subsanado, aún gravita en las relaciones entre Bogotá y Caracas.
A pesar de la tensión regional que ha suscitado el Plan Colombia, que cuenta con el respaldo del nuevo presidente estadounidense George W. Bush, pese a la deteriorada situación de derechos humanos que padece Colombia, Pastrana espera contar con la "comprensión" internacional para desarrollar la estrategia, cuyos resultados antidroga, consecuencias sociales e incidencias en sus esfuerzos de paz, sólo serán evidentes en el 2001.