El Plan Colombia y los tropiezos del proceso de paz

BOGOTA --- En junio pasado el Congreso de Estados Unidos aprobó "su parte" del Plan Colombia, un ambicioso proyecto presentado por el presidente Andrés Pastrana para acabar con el narcotráfico, modernizar las estructuras del país y lograr su desarrollo.
Los países vecinos de Colombia -Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador- no han ocultado su temor a las consecuencias potencialmente desestabilizadoras para ellos de este plan, calificado por Pastrana como un proceso "clave" para el país.
La Unión Europea (UE), Canadá y Japón, los otros "socios" junto a diversas instituciones financieras internacionales a los que quiere atraer Pastrana, no han ocultado sus reticencias y se muestran por el momento reacios a participar en este plan que se ha presupuestado en unos 7.500 millones de dólares.
Con unas negociaciones congeladas con el principal grupo insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún no iniciadas con el segundo; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y con la cada vez mayor importancia armada de los denominados "paramilitares" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Gobierno colombiano tiene una ingente tarea por delante.
A esto hay que añadir una creciente desconfianza social, una situación económica que no despega, la ausencia de la autoridad de las instituciones del Estado en buena parte del país, controlada o con presencia determinante de los grupos armados, y una superficie de cultivos ilícitos, sobre todo de coca, pero también de amapola, que ha alcanzado las 120.000 hectáreas.
"Esta es la iniciativa más importante que me he propuesto sacar adelante y quizá la de mayor impacto sobre el futuro de mi país", declaraba a principios de año Pastrana.
Básicamente el Plan Colombia tiene cuatro ejes: Lucha contra el narcotráfico, destrucción de cultivos ilícitos y su sustitución, con 4.300 millones de dólares; fortalecimiento de las instituciones y desarrollo social, con 2.157 millones; recuperación económica y social, con 964 millones; y por último proceso de paz, con 54 millones.
Del total de los casi 7.500 millones de dólares, el Estado colombiano se ha comprometido a aportar 4.000 millones, otros 1.300 millones ya los ha aprobado EEUU y el resto es lo que trata de conseguir Pastrana de la UE, Canadá, Japón y de diversos organismos financieros.
En julio pasado, en una reunión sobre este plan que tuvo lugar en en Madrid, España ofreció 100 millones de dólares y, en octubre, la UE otorgó otros 100 millones.
La preocupación de la UE en aspectos como los derechos humanos, la biodiversidad, las estructuras estatales, las causas de la violencia o el desarrollo social y económico, que son sus ejes de actuación en la ayuda a Colombia, es lo que en principio Pastrana debe solventar.
La lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias se ha convertido en el elemento central de este plan y el presidente colombiano insiste en que ese problema no es sólo nacional sino que es trasnacional.
Los opositores colombianos a este plan resumen su posición con los argumentos de que primero hay que afrontar los problemas de desigualdad y las reformas estructurales profundas, pero sobre todo desconfían de la ayuda estadounidense, ya que ven la preponderancia de su componente militar, aproximadamente el 75 por ciento de los 1.300 millones.
Este último temor tiene a su vez dos posibles consecuencias para los opuestos al plan. Una es la escalada del ya muy grave conflicto interno colombiano al verse las guerrillas enfrentadas a una mayor fuerza militar sobre el terreno y la otra, que ese conflicto traspase las fronteras colombianas.
Posiblemente el 70 por ciento de la financiación de guerrillas y paramilitares se basa en el narcotráfico, con lo que esa batalla contra los cultivos ilícitos es entendida como una injerencia directa estadounidense en el conflicto armado colombiano.
Y esto a su vez hace temer a los países vecinos que los cultivos ilícitos crucen las fronteras y con ellos la insurgencia, lo que supondría un peligroso elemento de desestabilización regional.
Este escenario, la "intervención estadounidense" y la desestabilización interna y regional que deje de lado los aspectos sociales y de reformas, es lo que temen los opositores al Plan Colombia y quizá también provoque la desconfianza de las otras partes a las que se ha acudido en petición de ayuda.