Actores armados convirtieron el sector salud en blanco favorito

BOGOTÁ.---- Era de esperarse que en su propia lógica de crecimiento, el actual conflicto colombiano penetrara en muy distintos espacios de la vida social, pero no en todos ni con los niveles de intensidad y de crueldad con que lo ha hecho.
Hoy casi no existe ningún escenario de la vida social excluido por el conflicto armado, ni ningún mínimo ético o humanitario que no haya sido violado por sus actores.
Y el sector salud, que en cumplimiento de su misión esencial para toda la población y para todos los protagonistas de la guerra, debería ser salvaguardado por todos, se ha convertido en blanco frecuente y favorito de las acciones violentas.
A pesar de la baja cobertura que el tema ha merecido hasta ahora para los medios de comunicación y del escaso registro de este tipo de infracciones por parte de las propias instituciones del sector, las cifras y los hechos son alarmantes.
En las tomas de las poblaciones por parte de los distintos actores armados es frecuente la destrucción total o parcial de los hospitales, puestos y centros de salud.
También se ha vuelto frecuente el cobro de "vacunas" a las instituciones y funcionarios del sector salud para permitirles ejercer sus funciones en las áreas controladas por los distintos actores.
El conflicto no está ya sólo a las puertas del campo médico. Se desarrolla en sus propias instalaciones, en donde se asesina a pacientes hospitalizados, son robados medicamentos y equipos hospitalarios y es intimidado el personal.
Un día la prensa relata las presiones padecidas por un médico para el ejercicio de sus funciones en condiciones indebidas; al siguiente asesinan a un promotor rural de salud, o secuestran a una enfermera, o desaparecen a un odontólogo. Después la noticia se refiere al uso indebido de una ambulancia por parte de cualquiera de los actores de la guerra. O, peor aún, el asesinato de un herido transportado en una ambulancia, acusado por sus agresores de pertenecer al bando contrario. cada día la lista crece en variedad y crueldad.
INFRACCIONES A LA MISION MEDICA
Según un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre 1995 y 1998 se registraron 468 infracciones a la misión médica, que incluyeron 76 asesinatos y 4 desapariciones de personal de salud. Sólo en 1998 se registró un promedio de una infracción a la misión médica cada 1,66 días.
Desde entonces la situación se ha agravado de manera alarmante. Sólo en el departamento de Antioquia, según otro estudio cuidadoso, se registraron entre enero de 1995 y octubre de 1999 un total de 239 infracciones, atentados o violaciones contra la misión médica y sanitaria. Un poco más del 40 por ciento de las 239 infracciones ocurrieron en 1998.
Este relato parcial de hechos y cifras evidencia el hecho de que varios de los actores armados desconocen en la práctica el Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, los mínimos éticos y humanitarios para situaciones de guerra.
Ese desconocimiento tiene especial gravedad dado que el DIH no es producto de una legislación particular de un país ni es un código elaborado para favorecer a cualquiera de los actores, sino un acuerdo humanitario acogido por muchos Estados y motivado por el interés de ponerle unos límites mínimos a las acciones de guerra.
Con el desconocimiento del DIH no sólo se apela a la barbarie sino que además se desconoce el derecho universal a la asistencia sanitaria por parte de heridos y de la población civil que queda en medio de las acciones armadas.
VIOLACION DE UN PACTO HUMANITARIO
Es claro que este tipo de infracciones es apenas una de las múltiples consecuencias desastrosas del conflicto. Para algunos, inclusive aparece como un efecto secundario, particular y de poca relevancia en el conjunto de los efectos devastadores. Pero no puede subvalorarse ni su magnitud ni su significado. Se está frente a la negación de un derecho fundamental --el derecho a la atención sanitaria a la población civil, a la atención de los heridos de guerra y al ejercicio de la misión médico/sanitaria-- y de unospactos humanitarios mínimos.
La población y las instituciones que están siendo víctimas son justamente aquellas a las cuales la sociedad les ha encomendado el papel de mitigar el dolor, brindar cuidados y ofrecer servicios a toda persona humana, independiente de sus creencias políticas y de su participación en el conflicto.
La situación se agrava por el mínimo interés que han manifestado hasta ahora en su reconocimiento y enfrentamiento buena parte de las instituciones y organizaciones del sector salud, tanto a nivel regional como nacional. Es una especie de tema prohibido, subterráneo, sin doliente ni registro institucional, a pesar de su gravedad y de su frecuencia.
No existen, en consecuencia, políticas, programas ni recursos para enfrentarlo. Sus víctimas se ven forzadas a recurrir a la respuesta individual, al apoyo humanitario de algunas organizaciones nacionales e internacionales, y a padecer las consecuencias de las presiones arriesgando sus vidas, aceptando el desplazamiento forzoso o trabajando en condiciones inadecuadas y de extrema tensión.
ACUERDOS MINIMOS
Ni la sociedad, ni el Estado, ni las organizaciones humanitarias pueden aceptar la persistencia de esta negación del DIH. Aún sin lograr la paz, e inclusive sin hablar todavía de acuerdos de paz, es necesario trabajar por la inmediata realización de acuerdos mínimoscon todos los actores del conflicto.
Tales acuerdos deben garantizar el respeto a la población civil, la atención y evacuación adecuada de los heridos y de los cadáveres "con frecuencia sometidos a ultrajes y tratos indebidos", la exclusión de la crueldad como arma de guerra y el respeto a la misión médico/sanitaria. c
Llámese o no Derecho Internacional Humanitario --lo importante es el contenido, no la denominación-, el país tiene que exigir y lograr de manera urgente este tipo de acuerdos como precondición mínima de dignidad humana y como expresión clara del interés por lograr un proceso de negociación política.
No tiene sentido seguir proponiendo leyes, que de suyo son desconocidas por los actores armados que se definen "al margen de la ley". Ni hay que buscar sólo pronunciamientos y acuerdos entre organizaciones sociales o humanitarias, nacionales o internacionales, desconociendo o excluyendo a todos los actores armados.
Por su parte, el Estado y el propio sector salud deben dejar de mantener la actitud del avestruz, de esconder su cabeza ante la gravedad de los hechos. Es preciso aceptar y asumir el tema como parte de la problemática sanitaria actual y de la agenda de políticas y acciones para enfrentar la guerra y construir la paz.
Registrar los hechos, hablar del tema, impulsar acuerdos mínimos, establecer programas de respuesta a las infracciones que se sigan dando, crear soporte sico-social y apoyo económico, laboral y jurídico para las víctimas son algunas de las acciones urgentes e inaplazables.
Y si bien el Estado y el sector deben implementarlas, somos los ciudadanos y ciudadanas los responsables de no seguir tolerando esta violación de derechos esenciales y esta degradación del conflicto hasta los niveles de crueldad y de barbarie a que ha llegado.