Europa concreta ayuda social por más de Mil millones de dólares

BOGOTA .- Los delegados de 25 países en la segunda Mesa de Aportantes al Plan Colombia subrayaron en Bogotá su apoyo a los proyectos sociales, anunciaron donaciones adicionales por más de 280 millones de dólares y se declararon no satisfechos con la situación humanitaria colombiana.
Los representantes de la Unión Europea (UE), Canadá, Japón y algunos países latinoamericanos, instaron "a los actores armados del conflicto" a un alto el fuego y de hostilidades para "garantizar la aplicación plena del Derecho Internacional Humanitario y la defensa de los derechos humanos".
La Mesa de Aportantes al Plan Colombia suma, tras la reunión del martes en Bogotá, un total de 1.151 millones de dólares, informó el gerente regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ciro de Falco.
El delegado de la presidencia de la entidad financiera destacó que la jornada de Bogotá, seguimiento a la primera reunión celebrada en Madrid en julio pasado, "fue exitosa, política y financieramente".
A los 871 millones de dólares ofrecidos en la capital española, se suman las aportaciones de Bogotá hechas individualmente por Canadá, Finlandia, Japón, Suecia y Suiza por 280,2 millones de dólares, precisó De Falco.
Otros países, como Argentina, Brasil y México, ofrecieron colaborar para el desarrollo técnico de proyectos específicos.
Los países donantes, sin embargo, no están satisfechos con la exposición del Gobierno colombiano sobre la situación de los derechos humanos, declaró el portavoz comunitario Renaud Vignal.
"Hemos sido informados por el vicepresidente (Gustavo Bell), hemos recibido informes del Gobierno sobre la situación y también tenemos nuestras propias fuentes (..), y no es satisfactoria la situación de los derechos humanos", dijo Vignal en una rueda de prensa al terminar la asamblea en la capital colombiana.
Poco antes, al intervenir en la Mesa, el portavoz de la UE aseguró que los Quince quieren fortalecer el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la lucha contra las causas de la violencia y la ayuda a las víctimas, la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, así como la concertación y la cooperación regional.
La UE, señaló Vignal, estudia la forma concreta de ayuda a los defensores de los derechos humanos, actualmente en peligro, y cómo podría prestar asistencia al Gobierno colombiano para que pueda mejorar la capacidad de acogida y de intervención de las estructuras locales encargadas de canalizar la ayuda exterior.
El ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Guillermo Fernández de Soto, manifestó que el Gobierno del presidente Andrés Pastrana no cree en una estrategia rígida y excluyente del Programa de Inversiones para la paz del Plan Colombia.
"El Gobierno no quiere que el Plan de Inversiones se convierta en una camisa de fuerza", dijo el canciller al comenzar la reunión y reafirmó que la Administración colombiana "está convencida de que la negociación política del conflicto debe ir de la mano de un plan de inversiones que permita mejorar las condiciones de vida" de millones de colombianos.
La estrategia del Ejecutivo colombiano, añadió, "comprende una gama amplia y comprensiva de programas que promueven el desarrollo alternativo integral para los compatriotas que obtienen su sustento de los pequeños cultivos ilícitos".
Otro aspecto de importancia para el Gobierno, indicó Fernández de Soto, "es la atención humanitaria a las víctimas del conflicto. Para ellos, la estrategia busca resolver los graves problemas que afectan a la población desplazada, especialmente a las mujeres cabeza de hogar y a los niños".
El ministro, al responder al portavoz de la UE en la rueda de prensa sobre la situación de los derechos humanos, aseguró que el Gobierno "tampoco está satisfecho" y por ello "no bajará la guardia".
Fernández de Soto afirmó que para ello se cuenta con la comunidad internacional.
Unas horas antes, y ante la Mesa de Aportantes, el vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, rechazó acusaciones sobre presuntos vínculos de agrupaciones criminales y la fuerza pública.
Bell informó de que el Gobierno colombiano ha invertido cerca de cinco millones de dólares para la protección a defensores de los derechos humanos.