Gran acuerdo para reformar transferencias a las regiones
El Gobierno, los partidos políticos, los gremios, las organizaciones de Alcaldes y Gobernadores, las Universidades y voceros del Congreso, llegaron hoy a un primer gran principio de acuerdo, en una de las mesas de concertación convocadas por el ejecutivo, para superar el problema fiscal del Estado.
Por Jairo CorredorBOGOTA.--- El Gobierno, los partidos políticos, los gremios, las organizaciones de Alcaldes y Gobernadores, las Universidades y voceros del Congreso, llegaron hoy a un primer gran principio de acuerdo, en una de las mesas de concertación convocadas por el ejecutivo, para superar el problema fiscal del Estado.Se trata del nuevo régimen de transferencias a los municipios y departamentos. El principio de acuerdo según explicaron el Director de Planeación, Juan Carlos Echeverry, y el Presidente de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, consiste en lo siguiente: Primero: se eliminan los conceptos de situado fiscal y de participación municipal sobre los ingresos corrientes de la nación por un sistema general de participación.Segundo:De lo que reciban los departamentos y municipios, el 60 por ciento se destinará a programas de educación; el 22 por ciento a salud y el 18 por ciento restante será de libre destinación pero en proyectos de inversión comunitaria.Tercero: En los próximos cuatro o cinco años, se suspende el actual sistema de transferencia, según el cual el situado para los departamentos es equivalente al 24.5 por ciento de los ingresos corrientes de la nación, en tanto que el de los municipios es del 22 por ciento.Cuarto: Ese esquema será reemplazado por una participación regional en los mismos ingresos de la nación equivalente a lo que hoy en día reciben, más un ajuste anual igual a la inflación, más un incremento adicional del uno coma cinco por ciento que es lo que supone el Gobierno crece vegetativamente al año la población colombiana.Quinto: Cumplida la temporalidad de este esquema se retomará el régimen vigente.Según Gilberto Toro este principio de acuerdo supone el consentimiento del Gobierno para ampliar de tres a cuatro años el periodo de los alcaldes.Esta reforma será concretada mediante un acto legislativo que hará parte del programa integral del Gobierno, para ajustar el gasto público.




