La muerte de niños planea sobre visita de Clinton y diálogo con FARC

BOGOTA.--- La muerte violenta de 13 niños colombianos en episodios que involucraron al Ejército y las guerrillas revivió el debate sobre el respeto a los derechos humanos en el país, a nueve días de la visita del presidente norteamericano, Bill Clinton, y sobre la necesidad de pactar un cese al fuego con los rebeldes de las FARC.
El Gobierno de Clinton -que se dispone a emitir una certificación sobre el respeto a las garantías fundamentales en el país andino, antes de desembolsar una ayuda económica y militar por 1.300 millones de dólares para la lucha antidrogas- sigue atentamente la situación de los civiles y en especial de los niños atrapados en el conflicto colombiano.
Según cifras concordantes del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), la Defensoría del Pueblo y la Policía colombiana, 460 menores han sido asesinados por los diversos actores del conflicto en los últimos cuatro años y 789 han sido secuestrados en ese período.
Asimismo, más de un millón de niños colombianos han sido desplazados por la guerra en la última década y entre 3.000 y 6.000 menores combaten en los grupos rebeldes y los paramilitares de extrema derecha, enemigos acérrimos de los insurgentes.
El 18% de esos menores combatientes ha matado por lo menos una vez, el 40% ha disparado contra alguien alguna vez, el 60% ha visto matar, el 28% ha resultado herido, el 13% ha secuestrado a otras personas y el 18% ha visto torturar a alguien, de acuerdo con esos informes.
De los trece menores que murieron entre el martes y el domingo pasados, seis fueron baleados "por error" por militares que desarrollaban una operación antiguerrillera en una aldea del noroeste del país, según admitió el viernes el ministro colombiano de Defensa, Luis Fernando Ramírez.
La oficina en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió al Gobierno investigar ese hecho, sancionar a los responsables y proteger a los civiles ajenos al conflicto, especialmente a los menores.
La polémica por la muerte de los niños se produce cuando Estados Unidos se dispone a emitir una certificación sobre el respeto a los derechos humanos en Colombia, país que necesita esa calificación para empezar a recibir la ayuda económica y militar por 1.300 millones de dólares para la lucha antidrogas.
Diversas entidades humanitarias de Colombia han expresado su temor de que la asistencia norteamericana termine por atizar el conflicto del país andino y, en consecuencia, se agrave la situación para las garantías fundamentales.
Asimismo, las guerrillas del ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) rechazan la ayuda estadounidense, afirmando que supone la punta de lanza de la intervención militar directa de Estados Unidos en Colombia.
El Gobierno y las FARC, que negocian un acuerdo de paz, examinan la propuesta que cada parte hizo el pasado 3 de julio sobre el cese al fuego y hostilidades, que, según el Ejecutivo, debe incluir el fin de los secuestros y otros ataques contra los civiles no combatientes.
El alto comisionado para la paz del Gobierno, Camilo Gómez, llamó el lunes a no crear falsas expectativas sobre un pronto cese al fuego y hostilidades, en una aparente respuesta a un líder de las FARC que dijo que ese grupo estaría dispuesto a suscribir un acuerdo "en dos días", si el Ejecutivo acepta solamente silenciar los fusiles.