Amnistía internacional preocupada fuerte violencia en Colombia

Buenos Aires Argentina.----Amnistía internacional expresó su particular inquietud por la constante violación de los derechos humanos en Colombia, donde se registra "una escalada en el contexto de un conflicto armado cada vez más violento".
En Colombia, destacó el informe anual "la población civil sufrió también en 1999 abusos atroces a manos de las fuerzas armadas, de paramilitares que actúan con su apoyo o consentimiento y de los grupos armados de oposición".
Amnistía Internacional (AI) denunció que la violación de los derechos humanos continuó siendo moneda corriente en América Latina en 1999.
El año pasado, "la impunidad siguió reinando en la mayoría de los países del continente americano", afirmó AI en su informe anual, presentado en Buenos Aires.
Según AI, "torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales siguen siendo prácticas sistemáticas perpetradas por gobiernos y grupos de oposición en decenas de países del continente".
El informe de AI se refirió también a los ataques perpetrados contra "campesinos, indígenas y activistas políticos en México y a los frecuentes casos de brutalidad policial en países tan disímiles como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Jamaica y Argentina".
AI denunció también nuevos casos de torturas, práctica que --dijo- "sigue vigente en países como Bolivia, Brasil y Perú, entre otros, pese a que muchos de ellos son signatarios de la Convención de la ONU contra la tortura.
El informe saludó que en 1999 el ex dictador chileno Augusto Pinochet haya permanecido arrestado en Gran Bretaña por violaciones de los derechos humanos, a pedido de la justicia española, antes de su liberación -en marzo de este año- por razones humanitarias.
El arresto de Pinochet en Londres, afirmó el informe, "representó una advertencia para todos los dictadores del mundo: la impunidad, a veces, tiene fronteras".
AI lamentó que el gobierno argentino (que por entonces presidía Carlos Menem) se negase en 1999 a colaborar con la justicia española para someter a juicio a ex represores de ese país.
El informe, en cambio, destacó que la justicia argentina haya confirmado el procesamiento de ex dictadores en relación con el robo de menores durante el último gobierno de facto.