Caso Pinochet pone a la justicia chilena en centro del debate político

SANTIAGO DE CHILE .--- La Justicia chilena se ha desembarazado del sometimiento al poder que la atenazó durante el gobierno militar, según los partidos de centro izquierda, pero la derecha sostiene que ahora está más politizada que nunca.
El pasado martes, la Corte de Apelaciones de Santiago quitó la inmunidad parlamentaria al senador vitalicio Augusto Pinochet, y aunque el fallo aún no es oficial, porque no está redactado y firmado por los magistrados, la decisión ha levantado un gran revuelo político.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo hoy que los chilenos pueden estar tranquilos "porque el Gobierno mantendrá su línea política y no se desviará, sea cual sea el resultado" del proceso.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Alvaro García, denunció un intento de la oposición de desprestigiar al Poder Judicial por el rumbo que está adquiriendo el 'caso Pinochet'.
"La derecha está presionando de manera completamente indebida, y así lo ha expresado la Corte Suprema", declaró el ministro al diario "La Nación".
Alvaro García se refería a las criticas a los jueces hechas por el líder de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, quien días atrás descalificó la actuación de los tribunales en la investigación de la desaparición de opositores políticos durante la dictadura.
Longueira sostuvo que la reinterpretación de la Ley de Amnistía que hacen los tribunales -por la que han sido procesados diez generales retirados- es una "jugarreta" y una "chacota" (broma).
Las críticas del sector conservador hacia la actuación del Poder Judicial se extienden a otros ámbitos.
El parlamentario de la UDI Ivan Moreira criticó hoy la decisión de la Corte Suprema de revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había condenado a muerte al asesino y violador de un niño.
"Esta resolución es una burla, ya está bien de que los tribunales protejan a los asesinos y violadores. Que de una vez se dediquen a proteger a las víctimas", exclamó el diputado ultraderechista.
Un grupo de abogados de derechos humanos denunció recientemente una maniobra para presionar y deslegitimar a los tribunales de justicia "hasta el punto de poner en entredicho las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos"
El abogado Héctor Salazar, autor de varias querellas contra Pinochet, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, para expresarle su preocupación por este hecho.
Salazar sostuvo que la UDI pretende "denostar" al magistrado Luis Correa Bulo, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, que fue la primera que aplicó la figura jurídica del secuestro calificado.
La UDI pretende presentar una acusación constitucional contra este juez por presuntas irregularidades en su actuación.
La figura del secuestro calificado en los casos de detenidos desaparecidos ha motivado el procesamiento de varios ex jefes militares, ya que como se trata de un delito que sigue cometiéndose, no se aplica la amnistía.
Según informó hoy el diario electrónico "El Mostrador", la Corte Suprema confirmará el desafuero de Pinochet, pero ordenará al juez Juan Guzmán -que instruye el sumario por el centenar de querellas presentadas contra el general retirado, que se le practiquen exámenes médicos para evitar el proceso penal.
Esta estrategia fue diseñada para salvar con "dignidad" uno de los casos más difíciles que le ha tocado resolver al Poder Judicial chileno, sostuvo el citado medio tras hablar con un amplio grupo de jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones.
Según esta tesis, los exámenes médicos le considerarían "falto de memoria", y ello impediría el proceso penal.
En tanto, los familiares de las víctimas de la represión militar en Chile (1973-1990) consideran que la decisión de la Corte de Apelaciones de desaforar a Pinochet es una oportunidad para que los tribunales demuestren que es posible impartir justicia en Chile.
"Este es el momento oportuno para que el Poder Judicial se reivindique ante la Historia", manifestó el miércoles la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.
Por otro lado, los diputados socialistas Isabel Allende y Juan Pablo Letelier afirmaron hoy que no buscan la cárcel para Pinochet, sino un juicio que establezca que "es responsable de los crímenes cometidos durante el gobierno militar que encabezó".
La hija del derrocado presidente Salvador Allende y el hijo del asesinado ex canciller Orlando Letelier añadieron que si el ex gobernante militar es procesado, juzgado y condenado, no irá a la cárcel, dada su avanzada edad (84 años), y eso es una muestra de respeto a los derechos humanos. EFE
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