Informe especial sobre cárceles en Latinoamerica entregan en Costa Rica

San José.--- La población penal se ha duplicado en los últimos siete años en América Latina, lo que ha colocado en "niveles críticos" la situación carcelaria, coincidieron hoy expertos y altos cargos que participan en San José en la III reunión de ministros y procuradores de Justicia de la OEA.
El director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), el argentino Elías Carranza, declaró que esta realidad, en el corto o medio plazo, lejos de mejorar, "se va a agravar".
"Cuando uno observa cómo crecen las tasas penitenciarias y el hacinamiento en las cárceles nada indica que el año que viene vamos a estar mejor", agregó el experto, que participa en la cita de ministros convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Carranza afirmó que la "llamada globalización" y la mayor desigualdad social, que ha generado que la brecha del ingreso entre los que más tienen y los que menos sea "más dispareja", es una de las causas de este crecimiento de la delincuencia.
"Hay más delitos y más violentos, pero también es un hecho que hay políticas equivocadas que inciden en multiplicar el número de presos", señaló Carranza.
Añadió que este problema no se puede resolver sólo con "justicia penal", "sino distribuyendo mejor el ingreso y promoviendo mayor acceso a la educación", pues cerca de la mitad de la juventud de la región no participa del sistema formal educativo.
"Espero que esto cambie, pero la realidad nos indica que en el corto y mediano plazo la situación se va a agravar, por lo que uno observa en el crecimiento de las tasas penitenciarias y el hacinamiento en las cárceles. Nada indica que va a estar mejor", indicó el experto argentino.
Elías Carranza advirtió de que el problema no se resuelve sólo construyendo cárceles, como afirman algunos sectores, pues lo consideró más social que penal.
Destacó como opciones para resolverlo que la cárcel sea sólo para "casos excepcionales" y promover alternativas penales a la prisión para "delitos leves" y para menores, quienes "sólo en casos excepcionales deben ser sancionados con penas de prisión".
"Los sistemas penitenciarios están en crisis y todo indica que, salvo un milagro no previsible, (la situación) se agravará", aseveró Carranza.
La ministra de Justicia de Costa Rica, Monica Nagel, afirmó que se debe "reflexionar mucho" y compartir experiencias entre naciones para buscar salidas a este grave problema.
"Pero la única manera de enfrentarlo es con infraestructura, con recursos, y trabajando en la prevención de los delitos", apuntó la ministra costarricense.
Según cifras expuestas durante esta III reunión de ministros y procuradores de justicia, Panamá es el país con la tasa más alta de presos por cada 100.000 personas, con 303, seguido por Costa Rica (229) y Chile (205).
En el otro extremo se ubican Haití, con 53 presos por cada 100.000 habitantes, Ecuador y Guatemala, con 69, Paraguay con 75, y Venezuela con 98.
Además, la población carcelaria duplica las posibilidades que tienen las cárceles de Honduras, uno de los casos más graves, donde 10.938 personas están en prisión mientras el sistema carcelario sólo tiene capacidad para 5.235 personas.
Pero el hacinamiento también existe en Bolivia (3.098), Brasil (87.025), Colombia (13.003), Costa Rica (1.327), Chile (9.864) y Ecuador (2.427), entre otros casos, según el ILANUD.
Antonio Bustamante, del Instituto Latinoamericano de Prevención y Educación en Salud (ILPES), con sede en San José, dijo, por su parte, que el hacinamiento en las cárceles, con sus secuelas de violencia, uso de drogas y el avance "imparable" del sida, está creando una "crisis de proporciones devastadoras".
Las drogas, añadió, están vinculadas al creciente aumento de homicidios, suicidios, violaciones, guerras de pandillas, castigos por deudas y prostitución que carcome las cárceles, situaciones de las que tampoco escapan los cuerpos de seguridad y funcionarios gubernamentales.
"La violencia en la cárcel es uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema", dijo Bustamante, que recordó las matanzas de 111 presos en Sao Pablo (1992), de más de cien reclusos en Sabanetas, Venezuela (1994) y casos similares en Perú y El Salvador. EFE