GOBIERNO AFIRMA QUE APOSTO AL DIALOGO PARA SOLUCIONAR CONFLICTO

México.- El Gobierno de México aseguró hoy que siempre apostó por el diálogo como vía para dar solución a la huelga de más de nueve meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que la intransigencia de un grupo "minoritario" le obligó a usar la fuerza pública para recuperar las instalaciones de la UNAM.
El mandatario mexicano, Ernesto Zedillo, asumió la responsabilidad de la ocupación policial de la UNAM, que dejó un saldo de 632 estudiantes detenidos quienes mantenían una huelga desde el 20 de abril de 1999.
Zedillo afirmó que se usó la fuerza pública porque "una solución al conflicto sólo entre universitarios había llegado a su límite y resultaba indispensable complementarlo con la aplicación de la ley".
Razón por la cual, sostuvo, ordenó al procurador General de la República, Jorge Madrazo, proceder en contra de los responsables de la toma de las instalaciones de la UNAM, las más grandes del país e Iberoamérica, y restituirlas a sus autoridades.
Cerca de 2.500 miembros de la Policía Federal Preventiva ocuparon ayer el campus universitario sin encontrar resistencia por parte de los huelguistas y desplegaron un cerco alrededor de la Ciudad Universitaria para impedir el ingreso de estudiantes y de padres de familia.
En su actuación, la Policía Federal Preventiva arrestó a 632 estudiantes, entre ellos los dirigentes del movimiento, de los cuales ayer mismo 35 fueron trasladados a una cárcel preventiva en la capital mexicana acusados de los delitos de daños a propiedades y despojo
Los detenidos de ayer se suman a los 251 estudiantes arrestados el pasado martes en un colegio de la UNAM quienes se enfrentaron con universitarios anti-huelga. Esta acción dejó un saldo de 37 personas lesionadas.
El comisionado de la Policía Federal Preventiva, Wilfrido Robledo, señaló que los agentes permanecerán dentro de las instalaciones de la UNAM por tiempo indefinido hasta entregarlas a sus autoridades.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Rosario Robles, afirmó que la toma de la UNAM con base en un ordenamiento judicial, "no resolvió el conflicto y sí canceló la posibilidad de que los estudiantes entregaran las instalaciones de forma pacífica y reconciliaran a la comunidad".
La funcionaria mexicana hizo un llamamiento a las autoridades federales para que liberen a los estudiantes detenidos y que la policía abandone el campus universitario, a fin de "avanzar por el camino de la reconciliación".
Robles exhortó a la comunidad universitaria y a sus familiares a que eviten provocar a la policía de la capital, ya que "son ajenas a las acciones tomadas por el gobierno federal".
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, anunció ayer que retirará todas las denuncias presentadas en contra de miembros de la comunidad universitaria desde que inició el conflicto iniciado el 20 de abril de 1999 en protesta a la subida de las cuotas de inscripción.
No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene detenidos a los 632 estudiantes huelguistas, de los cuales ha enviado a prisión preventiva a 35, hasta interrogar a todos y deslindar responsabilidades.
Más de 7.000 personas -padres de familia, profesores, trabajadores y miembros de organizaciones civiles a favor del movimiento- realizaron una marcha por varias de las principales avenidas de la capital mexicana en exigencia de que sean liberados los estudiantes arrestados.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos denunció que las autoridades federales y universitarias siempre presentaron un doble juego al convocar a continuar con el diálogo, mientras que aplicaban el hostigamiento y amenazas contra los estudiantes huelguistas.
Señaló que resulta contradictoria la posición del rector de la UNAM que una vez realizadas las detenciones de huelguistas, ahora exige la liberación de estudiantes que no hayan cometido delito alguno y anuncia que retiraran los cargos presentados desde el inicio del conflicto.
"Los acontecimientos de ayer dejan al descubierto la política del gobierno federal que pretende coartar y reprimir el descontento social, criminalizándolo y tratando a los estudiantes detenidos como delincuencia organizada y subversión y no como personas que exigen solución a demandas sociales", destacó la Red.