SANCIONES CIVILES PUEDEN CAER SOBRE CLINTON POR VIDA SEXUAL

Dos meses después de haber sido absuelto por el Senado de EEUU, el presidente Bill Clinton vuelve a enfrentarse a sus escándalos sexuales, que ahora le exponen a una fuerte multa y a la imposibilidad de ejercer la abogacía.

Los abogados de Clinton tienen 30 días para responder a la decisión de la juez del caso de Paula Jones, que le ha denunciado por desacato civil, por entender que mintió en su testimonio sobre el alcance de sus relaciones con Monica Lewinsky.

Clinton tiene aún derecho a una audiencia judicial en la que sus abogados pueden intentar probar que el testimonio del presidente en la demanda de acoso sexual presentada por Paula Jones no supuso un desacato al tribunal.

El abogado de Clinton, Robert Bennett, dijo que estudia cómo responder a la decisión, que para expertos legales representa el castigo que debió haberse propuesto en vez del delicado proceso de destitución que tuvo a su cargo el Congreso.

"Esto es quizá lo que debió haber ocurrido desde el principio y hubiese sido entonces una respuesta adecuada a su comportamiento", dijo Paul Rothstein, profesor de Derecho de la Universidad de George Washington.

La juez Susan Webber Wright determinó que Clinton mintió al tribunal cuando negó en el caso de Paula Jones haber estado a solas y tenido "relaciones sexuales" con Lewinsky, con quien tuvo un idilio de 18 meses que casi le cuesta la presidencia.

Según Webber Wright, la conducta de Clinton, tanto como presidente como abogado, "fue totalmente injustificada y socavó la integridad del sistema judicial".

La multa contra el presidente tendrá que basarse "en los gastos" adicionales, incluido el pago a abogados, que tuvo Paula Jones, a causa del testimonio "intencionadamente falso" del presidente Clinton.

Los abogados de Jones tienen 20 días para presentarle a la juez un cálculo razonable de esos gastos.

Como parte del acuerdo que permitió terminar con la apelación de Paula Jones a la decisión de Webber Wright de anular su caso, Clinton tuvo que pagarle 850.000 dólares a la ex empleada del gobierno de Arkansas.

Los gastos de Jones en el caso, sin embargo, pueden alcanzar también los cientos de miles de dólares, según expertos.

Por el momento, la juez ha ordenado a Clinton que le restituya a ella 1.202 dólares que se gastó en su viaje a Washington para el testimonio del presidente en el caso civil de Paula Jones, que tuvo lugar el 17 de enero de 1998.

A su vez, la juez referirá la conducta de Clinton al comité de ética del Tribunal Supremo de Arkansas, para que se determine si el presidente deberá dejar de poder ejercer la abogacía.

La orden contra Clinton abrirá otro nuevo debate sobre la constitucionalidad de que un tribunal sancione a un presidente, pero la juez advirtió que se basó en la decisión del Tribunal Supremo de EEUU que permitió que se conociera la demanda de Jones.

"Es una decisión irregular" que puede ser apelada en términos constitucionales, dijo Lanny Davis, ex jefe de Gabinete de Clinton.

No obstante, es poco probable que Clinton decida apelar la orden de Webber Wright, pues le costaría otros miles de dólares en gastos de abogado y varios meses más de debate público sobre sus escándalos, según allegados.

Jones demandó en 1995 a Clinton por acoso sexual por hechos ocurridos cuando el presidente era gobernador de Arkansas y ella una empleada estatal.

Clinton fue preguntado en ese caso si tuvo relaciones sexuales con Lewinsky y ese escándalo desembocó en un proceso de destitución que le convirtió en el primer presidente elegido en enfrentarse a un juicio político, que terminó el pasado 12 de febrero.

La decisión de la juez Webber Wright fue dada a conocer horas después de que Susan McDougal, que rehusó responder a preguntas del fiscal Kenneth Starr sobre el escándalo "Whitewater", fuera absuelta del cargo de obstrucción a la justicia