DEPURACION DE FUERZAS ARMADAS NO ES SOLO EXIGENCIA DE REBELDES
Una afirmación del secretario adjunto estadounidense Harold Koh y un anticipo de las preocupaciones que sobre Colombia tiene la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos muestran que la depuración de las Fuerzas Armadas del país no es ...
Una afirmación del secretario adjunto estadounidense Harold Koh y un anticipo de las preocupaciones que sobre Colombia tiene la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos muestran que la depuración de las Fuerzas Armadas del país no es sólo una exigencia de los rebeldes.
Los paramilitares y las denuncias de nexos de algunos militares con esos grupos de derecha centran una creciente polémica por la situación humanitaria en el país.
Dicha controversia tuvo el lunes el momento tal vez más alto en lo que va de Gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana, que asumió el pasado 7 de agosto, con una fuerte réplica a Koh.
El secretario adjunto de Estado de la Casa Blanca para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo afirmó el sábado que, bajo el pretexto de combatir a grupos armados, el Ejército y la extrema derecha cometen "asesinatos extrajudiciales, desplazamientos internos masivos y desapariciones".
Koh intervino en el foro "Derechos humanos: un diálogo abierto", que sesionó en el noroeste colombiano por convocatoria de la embajada estadounidense en Bogotá.
"Es inaceptable", afirmó el Gobierno en una respuesta que el ministro de Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, divulgó a la salida de una reunión con Pastrana, el titular de Defensa, Rodrigo Lloreda, y los mandos militares con Koh y el jefe de la legación diplomática, Curtis Kamman.
La réplica coincidió con anticipos de medios periodísticos de Bogotá acerca del informe que sobre Colombia rendirá esta semana en Ginebra la alta comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
Según estas fuentes, en el documento que leerá ante el 55 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Robinson planteará a la Administración de Pastrana que es necesario que desvincule a militares encausados por violaciones al derecho internacional humanitario.
El Gobierno estará representado en esta reunión por el vicepresidente Gustavo Bell, que ejerce como alto consejero para los Derechos Humanos y que viajará hoy a la ciudad suiza.
Con su afirmación, Koh también celebró dos decisiones del Gobierno y la Procuraduría General que involucraron a tres oficiales del Ejército.
El viernes Pastrana envió a retiro a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, jefe de Operaciones del Ejército el primero y director de la Escuela Superior de Guerra el segundo.
De forma paralela, la Procuraduría anunció una suspensión por noventa días del comandante de la II División del Ejército, el general Jaime Humberto Uscátegui.
Los determinaciones se sumaron a otra de la Fiscalía General, que hace dos semanas ordenó la captura del coronel Lino Sánchez.
Si bien el Gobierno atribuyó a "razones discrecionales" del presidente la retirada de Del Río y Millán, la existencia de causas preliminales en contra de ellos por favorecer o apoyar a paramilitares llevó a algunos comentaristas a sugerir que obedece a una política de "depuración".
Para el ex comandante de las Fuerzas Militares y ex candidato presidencial Harold Bedoya, a quien Ernesto Samper (1994-98) envió a retiro, la medida "fue una concesión a las FARC".
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han exigido a Pastrana una depuración militar y "resultados satisfactorios" en la lucha contraparamilitar, a los que supeditaron la continuidad de las conversaciones que abrieron con el Gobierno el pasado 7 de enero en el área neutral del sur del país.
Los casos de Uscátegui y Sánchez tienen relación con procesos disciplinarios o judiciales que se derivaron de una matanza que paramilitares cometieron a mediados de 1997 en el caserío sureño de Mapiripán.
Unos cien hombres transportados en dos aviones desde la zona bananera de Urabá, en el noroeste y donde de Del Río fue en algún momento jefe de brigada, coparon la aldea y dieron muerte o desaparecieron a más de cuarenta lugareños.
El comando pertenecía a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por Carlos Castaño Gil, consideradas como la primera organización de extrema derecha del país y que mantienen una campaña contra activistas humanitarios y comunidades neutrales.
