GOBIERNO CONSULTA PARTICIPACION DE FIRMA ESPAÑOLA EN LICITACION
El Gobierno colombiano elevó una consulta al Consejo de Estado para que emita un dictamen sobre la posible inhabilitación de la empresa española Dragados y Construcciones para participar en la licitación para una concesión férrea, publica hoy l...
El Gobierno colombiano elevó una consulta al Consejo de Estado para que emita un dictamen sobre la posible inhabilitación de la empresa española Dragados y Construcciones para participar en la licitación para una concesión férrea, publica hoy la prensa local.
La compañía hispana formó parte del consorcio Fepaz, al que le fue adjudicada el 27 enero de 1998 una concesión por 30 años para la rehabilitación, operación y explotación de la línea férrea que une Bogotá, en el centro del país, con el puerto caribeño de Santa Marta, en el norte.
El consorcio no pudo suscribir el contrato porque uno de sus socios se negó a hacerlo.
Lo paradójico de caso es que el socio que impidió el perfeccionamiento de la concesión durante el anterior Gobierno fue el propio Estado colombiano, a través de la Gobernación del departamento del Cesar.
El próximo 28 de diciembre la empresa estatal Ferrovías abre una nueva licitación pública para la misma red férrea, que tiene 1.484 kilómetros de extensión.
El consorcio Fepaz fue sancionado el 29 de mayo con una multa de cinco millones de dólares por el incumplimiento y, si bien hay una disposición legal que señala la existencia de una inhabilidad para que los contratistas que le incumplen al Estado puedan volver a contratar, tanto Ferrovías como el ministerio del Transporte tienen dudas sobre su aplicación.
También fueron socios de Fepaz la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas; las compañías italianas Fenit Servizi S.P.A. y Sotecni S.P.A.; la india Rites Ltda; seis compañías colombianas y los departamentos de Cesar y Santander.
Tras el incumplimiento de Fepaz, Ferrovías negó la adjudicación al segundo participante, el consorcio Ferrocarril Colombiano del Atlántico S.A., que anunció acciones jurídicas contra esa determinación.
El concepto que dé el máximo tribunal colombiano de lo contencioso administrativa a Ferrovías y el Gobierno no es de obligatorio acatamiento, pero según fuentes del ministerio dará suficientes luces jurídicas para resolver éste y otros casos similares que se presenten en la contratación pública
