FISCALIA NO ENCONTRO PRUEBAS PARA INVESTIGAR ENCUESTADORAS

Un fiscal colombiano no encontró pruebas para abrir una investigación penal contra las firmas encuestadoras que en sus estadísticas no acertaron los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales, realizada el pasado domingo, informaron fuentes judiciales.

Las firmas Napoleón Franco, Invamer Gallup y Centro Nacional de Consultoría (CNC) daban por seguro ganador de la primera vuelta al conservador Andrés Pastrana, pero ganó por 33.000 votos (entre 3,6 millones para cada uno) el liberal (del partido gobernante) Horacio Serpa.

En una investigación preliminar a petición de un grupo de abogados el pasado lunes, el fiscal no encontró delito aunque reconoció que no hubo concordancia entre la votación y los resultados de los sondeos, publicados dos meses atrás por varios periódicos, emisoras e informativos de televisión.

El grupo de abogados solicitó una investigación penal por cuanto esas empresas pudieron incurrir en los delitos de perturbación y constreñimiento al elector en los comicios presidenciales.

Según la demanda, esas empresas de sondeos "se dedicaron a preparar con sus consultas previas las elecciones del 31 de mayo con los consiguientes porcentajes que favorecían a determinada campaña electoral".

Los resultados obtenidos, sin embargo, "afloran flagrantes contradicciones, con los datos suministrados por estas empresas encuestadoras a los diversos medios sociales de comunicación".

Para los denunciantes, esas empresas de consulta, "de manera acomodaticia y malintencionada, afirmaron incluso públicamente frente a la campaña que obtuvo el respaldo mayoritario, que ella resultaba aventajada en un 18 por ciento frente a su mayor opositor".

Para los demandantes, "es evidente que el resultado u objetivo era favorecer a una campaña determinada, desfavoreciendo a las otras, y de paso constriñendo u orientando al elector hacia un fin específico, consideramos que está tipificada una conducta punible por lo menos en grado de tentativa".

Unas encuestas "alegremente manejadas puede conducir a la inestabilidad institucional, a generar desconfianza, incertidumbre con los resultados y a presumir un fraude donde no lo hay, hasta el punto de colocar en duda la credibilidad de las autoridades escrutadoras", señalaron los abogados demandantes.

El fiscal se inhibió de abrir la investigación porque la no coincidencia de resultados "no constituye un medio violento o maniobra engañosa o actitud de perturbación contra los electores", como lo adujeron los demandantes el lunes