Summa cum fraude: el plagio en la tesis doctoral del contralor general

Además de haber terminado un pregrado y un doctorado en Derecho en tan solo dos años y medio, mientras ejercía el cargo de contralor general, Carlos Felipe Córdona Larrarte plagió la tesis con la que obtuvo su Ph. D., que fue calificada summa cum laude.

En 2021, el contralor Córdoba obtuvo su título de abogado e igualmente le fue otorgado su título de doctor en Derecho de la Universidad de Jaén. Según Córdoba sí es posible hacer ambos niveles de estudios al tiempo porque un doctorado solamente requiere escribir una tesis y el tema lo tenía bastante claro: «La buena administración en el control fiscal efectivo, estratégico y gerencial de los recursos públicos». 

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La tesis doctoral del contralor tiene 364 páginas que fueron revisadas por dos periodistas. Luego, los hallazgos fueron enviados a dos profesoras y una editora. Las tres confirmaron el plagio que cometió el contralor general en su tesis, la cual fue dirigida por Gerardo Ruiz-Rico y Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

El contralor cometió plagio o alguna otra inconsistencia en al menos 15 fragmentos. En la tesis hay párrafos completos copiados de sitios web y documentos académicos disponibles en línea que fueron pegados de forma literal y no están entre comillas ni tampoco se les da crédito. También ocurre con párrafos de otros autores que el contralor desarma y pone en su tesis por partes, pero sin citar. O sea, que presenta ideas de otros como si fueran suyas.

Entre esos apartados que el contralor usa sin citar, haciéndolos pasar por escritos propios, hay fragmentos copiados de documentos que hacen parte de la Registraduría, de la Corte Constitucional o incluso la Constitución Política. Córdoba toma apartes y los une, no usa comillas y no cita la fuente real. Esto ocurre incluso en las conclusiones de la tesis, que deberían ser elaboración propia del tesista porque son los hallazgos de la investigación. 

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También hay ideas parafraseadas de otros autores a los que tampoco se les da el crédito. El contralor toma las ideas de otros y modifica algunas palabras para disimular que las copió textual, pero no cita de dónde salen esas ideas. Omitir el crédito en una cita parafraseada también constituye plagio, pues se presenta como construcción propia lo que es de otro.

En la tesis es posible encontrar también fragmentos completos que están entre comillas, pero sin cita; no hay referencia de quién los escribió. Y en ese mismo sentido, hay citas que aparecen en la tesis que se atribuyen a sitios web que ya no existen o a los que no se puede acceder. Según la editora que revisó esos casos, este es un error que demuestra falta de rigor académico en la obtención de fuentes formales. En la academia se insiste en el uso de fuentes certificadas porque las páginas web tipo blog, como algunas que citó el contralor, desaparecen fácilmente.

Otra de las inconsistencias tiene que ver con que uno de los apartados de la tesis aparece en dos partes del documento, con modificaciones muy breves. Esto es una muestra de la falta de rigor también de los evaluadores del contralor. Las tesis de doctorado son propuestas de generación de conocimiento y no viene al caso una reiteración —repetición— de tal magnitud.

Por último, en la tesis aparece una gráfica cuya fuente es de «elaboración propia», pero el contralor solo hizo cambios en el estilo del gráfico; cambió textos por logosímbolos y también las convenciones, pero los datos son de otro autor, aunque ese sí fue citado.

Al ser contactado nuevamente para preguntarle por el plagio en su tesis, el contralor dijo que le sorprendía esta denuncia porque su tesis fue revisada por sus directores de tesis, por la universidad y por la editorial que la publicó, Tirant Lo Blanch. Aseguró que aunque él escribió la tesis por su cuenta, sí tuvo un equipo de asesores que contrató para que le ayudaran con la investigación.

Un convenio

Al tiempo que ejercía como contralor general —cargo que ostenta desde hace cuatro años—, Carlos Felipe Córdoba Larrarte terminó un pregrado y un doctorado. Según el funcionario, esto es posible con mucha disciplina y organizando muy bien el tiempo. El contralor Córdoba confirmó que, por ejemplo, el pregrado en Derecho en el Politécnico Grancolombiano lo hizo en dos años y medio.

Lo que dice el contralor general es que el Politécnico Grancolombiano le homologó muchas materias de su pregrado en Relaciones Internacionales gracias a un convenio de cooperación académica que la Contraloría firmó con esa universidad. El contrato, con fecha del 12 de agosto de 2019, les otorgaba beneficios a los funcionarios del ente de control, sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y sus parejas.

El numeral nueve de ese convenio le permitió al contralor terminar la carrera en tiempo récord: «La universidad ofrece la posibilidad a profesionales de cursar y homologar completamente un programa conducente a título profesional en un tiempo máximo de cuatro (04) años mediante la aplicación de cronogramas intensivos y continuos, sin afectar la duración en tiempo efectivo de cada una de las asignaturas, de acuerdo con lo establecido por las Autoridades Académicas del país, para lo cual cuenta con la aprobación respectiva y se constituye en institución pionera en el uso de este sistema».

El numeral diez del convenio dice que la universidad se debe comprometer con impartir las clases en las instalaciones de la Contraloría para economizar tiempos de desplazamiento y costos de transporte. Pero si el estudiante pierde alguna materia deberá asistir a clase en el campus del Politécnico Grancolombiano.

Córdoba le dijo a Caracol Radio que no hay nada raro en el convenio. Que muchas entidades tienen convenios similares y que, en el caso de la Contraloría, no solo tienen este con el Politécnico, sino con otras universidades como el Externado. También dijo que las clases fueron siempre en el Politécnico hasta que llegó la pandemia y ahí sí fueron virtuales.

Un contrato

El secretario general del Politécnico Grancolombiano, encargado de supervisar el convenio académico que le permitió al contralor general ser abogado en tiempo récord, obtuvo un contrato con la Contraloría General.

Billy Raúl Antonio Escobar Pérez, quien actualmente se desempeña como superintendente de Sociedades, dijo que no hubo ningún conflicto de intereses al contratar con la Contraloría tras ser el evaluador del convenio de cooperación académica que suscribieron la Contraloría General y el Politécnico Grancolombiano.

La cláusula sexta dice que se conformará un comité coordinador integrado por el director del Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría, y Billy Escobar en su calidad de secretario general. Estas dos personas eran las encargadas, en virtud de este convenio, de la evaluación y la verificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

El contrato que obtuvo Escobar por 41.250.000 pesos, fue firmado el 15 de diciembre de 2020 con una duración de dos meses y cuyo objeto es la «prestación de servicios profesionales como abogado para brindar apoyo y asesoramiento jurídico en temas laborales a la gerencia de Talento Humano».

Escobar insistió en que él ya había salido del Politécnico Grancolombiano cuando suscribió el contrato en la Contraloría General y dijo que él no fue el evaluador del convenio de cooperación académica, a pesar de que su nombre reposa en dicho documento.

Sobreterminar una carrera en Derecho en dos años y medio, el superintendente aseguró que «es muy pertinente» y que es una «tendencia global» graduar a profesionales como abogados en ese lapso. También afirmó que la Contraloría es una entidad netamente jurídica, por lo que «el tipo [el contralor] habla de un tema que maneja todos los días». Por último dijo que «la situación del contralor no es diferente a la de otros egresados del Politécnico Grancolombiano», en otras palabras, que es muy común que profesionales de todo tipo homologuen materias para obtener el título de abogados en dos años y medio.

Una maestría

El contralor también tiene un «Master en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid». Fue una maestría de seis meses que el Ministerio de Educación de Colombia no quiso convalidar porque ni siquiera en España era un título válido.

Los títulos propios son aquellos programas que diseña cada universidad, pero que no tienen aval del Gobierno. Antes de 2007, los títulos propios eran válidos en España, pero a partir de ese año las autoridades de ese país decidieron no volver a convalidarlos, pues, más que posgrados, eran cursos que no tenían la altura académica y la intensidad horaria que suele exigir una maestría. Con base en esa decisión, Colombia también dejó de reconocer esos títulos desde 2007.

El contralor hizo la maestría en 2009 y cuando quiso convalidarla, en dos oportunidades, el Ministerio de Educación le dijo que no, por lo que Córdoba presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, con el argumento de que si a otros ciudadanos colombianos que hicieron los mismos estudios les convalidaron sus títulos, a él también se lo tenían que convalidar. El Consejo de Estado le dio la razón al entonces vicecontralor y el Ministerio de Educación, contra su voluntad, le tuvo que convalidar la maestría de seis meses.