Contraloría General

Fallecidos reciben supuestas indemnizaciones, alerta la Contraloría

La CGR le pide al Gobierno que revise el costo real de la reparación. Se necesitaría más de $340 billones en los próximos 10 años.

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Estamos a menos de 100 días para que culmine el actual Gobierno y Caracol Radio pone el foco a lo que pasa con la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

Caracol Radio conoció avances de la auditoria que adelanta la Contraloría General y que evidencia serias irregularidades en lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas del Conflicto. 

Personas suplantadas, muertos que reciben supuestas indemnizaciones, problemas con los operadores logísticos y deficiencias en un sistema de información que cuesta a los colombianos más de $300 mil millones de pesos

En este momento, no es claro cuántas víctimas totales deberán ser reparadas en el país, cuánto va a costar en total la reparación, ni cuándo se va a lograr este propósito. Al ritmo actual, tomaría más de 60 años cumplirle a los afectados por la guerra en Colombia.

Personas suplantadas y otras que aparecen como fallecidas reciben giros

Juan Carlos Gualdron, el contralor delegado para el Posconlficto entregó detalles en Caracol Radio de una actuación especial de fiscalización a la Unidad para las Víctimas que se viene adelantando en el primer semestre de este 2022, en la que tomó inicialmente una muestra de más de 58.000 registros de giros en los que encontraron inconsistencias.

“Tomamos una muestra pequeña y encontramos giros a personas que aparecen como fallecidas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero que en el Registro Único de Vïctimas aparecen como activas. Es decir, están recibiendo dinero de indemnizaciones y de ayuda humanitaria personas que aparecen como fallecidas”, explicó.

Encontraron, además, personas que habrían sido suplantadas para recibir los giros, al igual que fallas en el sistema de supervisión para los giros que se realizan de la entidad hacía los bancos.

Fallas en los sistemas de información

Se encuentra entonces que el Registro Único de Víctimas y los sistemas de información de la Unidad de los que dependen estos giros, son vulnerables y habrían sido manipulados para beneficiar a terceros, pese a que han invertido en esos sistemas de información más de $320 mil millones de pesos desde el 2011.

De los 58.000 registros verificados se encontraron inconsistencias en más de 11.000, es decir que uno de cada cinco registros que han sido revisados por la Contraloría presenta irregularidades.

El Gobierno desconoce el costo real de la reparación de todas las víctimas del conflicto

La Contraloría encontró que el Gobierno Nacional no sabe realmente cuál es el costo real para la reparación de las más de 9 millones de víctimas del conflicto.

En el 2011 el Gobierno tenía un registro de 3,3 millones de víctimas, y calculó cerca de 90 billones de pesos para la reparación integral, hoy es casi el triple de esa cifra con más de 9 millones de víctimas y con personas que se siguen registrado todos los días.

El costo de la reparación depende de cada hecho victimizante, no es lo mismo hablar de secuestro, homicidio, violación o desplazamiento. La Contraloría encontró que no existe un costeo detallado por cada una de las personas inscritas en el registro. Al final, los recursos apropiados en el Conpes 4031 de 2021 para los próximos 10 años por valor de $142,1 billones son insuficientes. Según cálculos de la CGR, se requieren a 2031 más de $340 billones para ejecutar 19 medidas en la Ley.

“Las indemnizaciones a este ritmo se pueden llegar a cumplir a todas las personas sujeto de reparación de ese medida, más de 60 años para reparar a las víctimas en Colombia”, advierte el Contralor del Posconflicto.

Por lo que la Contraloría dice que es urgente tomar medidas para incrementar la asignación de recursos y buscar nuevas fuentes de financiamiento, entre más demore el proceso, más se incrementa el costo de la implementación.

Denuncias de las víctimas por irregularidades de Operador Logístico

A la Contraloría han llegado además denuncias desde la Mesa Nacional de Víctimas. Se trata de un contrato cercano a los $8.000 millones de pesos con la Unión Temporal Sotavento Master. Las denuncias llevaron al ente de control a un seguimiento especial.

Las víctimas han manifestado inconformidades relacionadas con instalaciones inadecuadas para desarrollar los eventos, así como condiciones precarias en hoteles, alimentación y traslados aéreos y terrestres.

En Caracol Radio uno de los voceros de la Mesa Nacional de Víctimas afirmó que, “para las víctimas hay todos los obstáculos para la participación, no se garantiza un salón para las reuniones óptimo que cumpla con los distanciamientos; no se garantiza acompañamiento a los adultos mayores para ahorrar dinero; el operador debe saldos y los paga cuando quiere y deja a los líderes sin como devolverse a los lugares de origen. Las víctimas del conflicto mueren en el territorio mientras el dinero se lo gastan en viajes y corrupción”.

Se trata de población vulnerable, afectada por la guerra, desplazada de sus territorios, expropiada ilegalmente de sus tierras, abusada, mutilada por algún artefacto explosivo, son más de 9 millones 300 mil víctimas. De estas, en casi 12 años desde que se firmó la ley de Reparación el Gobierno ha indemnizado a 1 millón 200 mil personas, esto es apenas el 13 % del total de víctimas del conflicto armado en Colombia.

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