Deforestación oculta más delitos que devoran selvas y bosques en Colombia

Caracol Radio se adentró en la realidad del oriente país y encontró que las noticias de la Amazonía  pasan no solo por hectáreas y hectáreas deforestadas, sino por un más oscuro y corrupto modelo para acabar con el medio ambiente y enriquecerse de ese crimen. 

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La dinámica violenta involucra a funcionarios públicos, abogados, mafias de las organizaciones criminales, gobernadores y alcaldes, además de mineros, narcotraficantes, ganaderos y palmeros ilegales y grupos armados de diferente origen, al margen de la ley.

Lo ha advertido Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y Caracol Radio fue al fondo del problema, evidenciando que existe una apropiación sistemática de baldíos de la Nación, en zonas de altísima biodiversidad, de las cuales depende el agua de Colombia, en una pérdida territorial consumada usando el recurso público y en complicidad con las economías ilegales.

Las áreas de mayor deforestación están en Meta, Caquetá y Guaviare, departamentos en los que el año pasado fueron deforestadas más de 120 mil hectáreas, de acuerdo con datos del sistema de monitoreo satelital Global Forest Watch.

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Por sí solas, esas cifras son dramáticas. Pero más grave aún es que las zonas deforestadas están siendo usadas para acaparamiento de territorio, agroindustria, ganadería y en una menor proporción para siembra de coca.

Lo que sucede, en forma casi increíble, es que una vez deforestada una zona, aparece el Estado y allí se construyen vías y otro tipo de obras públicas, como tendidos eléctricos o proyectos productivos. Pero también aparecen, sin autoridad que supervise su legalidad, nuevas veredas que permiten la inversión pública de los entes territoriales en territorios de la Nación. Como las veredas creadas en algunos resguardos indígenas amazónicos luego de haber sido declarados.

La pregunta que surge es: ¿Para favorecer a quién? Dar una respuesta cierta a esa pregunta es muy complicado, pero hay datos que empiezan a dar pistas claras. Por ejemplo: En los ocho municipios existentes alrededor del Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad Serranía de Chiribiquete, en los últimos 5 años se han deforestado aproximadamente 500.000 hectáreas y han ingresado más de un millón de nuevas cabezas de ganado, de acuerdo con datos del ICA que fueron procesados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Van dos ejemplos: En 2016 fueron deforestados en Cartagena del Chaira 10.241 hectáreas y había 129.391 cabezas de ganado; para 2020 la deforestación fue de 11.745 con 349.636 cabezas. Y el caso de San Vicente de Caguán es aún más increíble. En 2016, 10.987 hectáreas deforestadas y 612.573 cabezas y para 2020, 13.924 ha deforestadas y 944.103 cabezas de ganado. Otro dato grave, a 2021 en Caquetá en el arco de la deforestación se han construido 4.252 kilómetros de vías, sin explicación clara para ello.

Por ahora se cuenta con una larga lista de servidores públicos con investigaciones abiertas por entes de control en Caquetá, Meta y Guaviare, además de otras investigaciones a posibles testaferros de grupos armados actuales, de antiguos cabecillas de las FARC y, recientemente, de políticos de otras regiones que abogan por causas donde coinciden la acumulación de tierras, la deforestación y la ganadería. Podemos citar dos casos: el de Nebio Echeverry Cadavid, exgobernador de Guaviare y que según personas de la zona tendría relaciones con el paramilitarismo y las bandas criminales. O el de Reinel Gaitán, empresario, excandidato a la gobernación del Meta y quien fue capturado, acusado por la Fiscalía por deforestación ilegal.

En este asunto, como en tantos del país, las leyes sirven de poco. Como la reciente ley contra Delitos Ambientales, que cataloga como delito específico la apropiación de tierras baldías y que ahora está demandada, nada menos que por el exmagistrado Humberto Sierra Porto.

Deforestación en Amazonía de acuerdo con el Ideam