Alcaldía de Cali frena polémico proyecto de 392 viviendas de interés social

Tras la revelación entregada por 10AM Hoy por Hoy de la presunta irregularidad en el uso del suelo, el alcalde tomó medidas.

Alcaldía de Cali frena polémico proyecto de 392 viviendas de interés social /

Luego de que el equipo de 10 A.M. revelara una presunta irregularidad en una circular que modificó el uso del suelo en un predio en el norte de la ciudad, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que tomara las medidas necesarias para que allí no se levante ningún proyecto urbanístico.

En días recientes en Cali sólo se habla sobre un tema: el proyecto inmobiliario Tarragona, desarrollado por la constructora Cosenza; esta iniciativa planea levantar varios edificios en un predio que se ubica a las orillas del Río Cali. En total son 392 apartamentos bajo la modalidad de vivienda de interés social. Sin embargo, existe un problema de carácter jurídico y ambiental alrededor del proyecto.

El predio, localizado a lo largo de la Avenida 2a Norte, entre carreras 32ª N y 34 Norte, tiene un historial de propietarios que data de la década de los sesenta. Ingresó al patrimonio del municipio a raíz de una cesión gratuita y posteriormente, en 1979, fue traspasado a la Corporación para la Recreación Popular, una entidad descentralizada y adscrita a la Alcaldía de Cali. En 1982 fue vendido al Instituto de Seguros Sociales, el cual fue liquidado años después, y en 2016, a través de una subasta pública, fue adquirido por la constructora Cosenza.

Pero el meollo del asunto no radica en su propietario ya que nadie discute que la titularidad del predio recae sobre la constructora, la problemática está sobre el uso del suelo que posee. Desde que el municipio de Cali recibió el predio, hace más de 40 años, hasta cuando fue traspasado a Cosenza, siempre fue declarado como “zona verde y de uso público”; así consta en las escrituras públicas en las que quedaron consignadas cada una de las transferencias del predio. En otras palabras, pese a que su propietario es un privado, su destinación no puede ser otra distinta a la que por ley se determinó hace cinco décadas.

Todo esto parecía estar claro hasta octubre de 2020, pues en ese momento que el Departamento Administrativo de Planeación de Cali, cuyo director es Roy Alejandro Barreras, emitió una circular en la que modificaba el uso del suelo del predio; pasó de ser “zona verde y de uso público” a una zona mixta. De esta forma, abrió la posibilidad para que Cosenza iniciara la comercialización de los apartamentos, de los cuales ya ha vendido cerca del 90 por ciento.

El equipo de 10 A.M. de Caracol Radio se enteró de la situación e investigó qué tan viable era que el director Barreras tomara dicha determinación. Primero, encontró que el artículo 313 de la Constitución Nacional, en su numeral 7, estipula que sólo los concejos municipales pueden “reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”, por lo tanto, al expedir la circular en octubre de 2020, el Departamento Administrativo de Planeación de Cali incurrió en una extralimitación de sus funciones.

El director Barreras accedió a conversar con Vanessa De La Torre, directora de 10 A.M., y expuso los motivos por los que estipuló que el uso del suelo del predio era una zona mixta. Según él, no se cometió ninguna irregularidad y explicó que su intención es adelantar una acción popular porque, en su criterio, la transferencia del predio por parte de la Alcaldía a la Corporación para la Recreación Popular fue hecha sin los requisitos de ley necesarios.

“En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2014 se omitió designarle a ese predio área de actividad y dejó un vacío normativo. En virtud de la Ley 388 es competencia llenar este vacío” afirmó. Más adelante añadió que era “una responsabilidad” del Departamento Administrativo de Planeación asignarle un uso del suelo acorde con las normas vigentes.

Sin embargo, aunque su explicación es parcialmente cierta, el equipo de 10 A.M. obtuvo documentos públicos posteriores al 2014, expedidos por diferentes entidades de la administración municipal de Cali, en donde se reitera que el predio en cuestión no tiene una destinación diferente a ser “zona verde y de uso público”.

Por ejemplo, en una resolución del 28 de abril de 2017, que tiene la firma del entonces alcalde Maurice Armitage, se estableció que no existe prueba que indique “cómo, ni cuando, ni mediante qué documento se produjo la desafectación como zona verde del inmueble”. Igualmente, el 14 de marzo de 2018, el Departamento Administrativo de Gestión Pública Jurídica, en respuesta a una consulta elevada por Cosenza, indicó que “el predio en mención, aunque fue transferido por el municipio a título de aporte (…) no fue desafectado como bien de uso público”.

Fue en este contexto que, en las últimas horas, luego de un debate en el Concejo de Cali sobre las afectaciones que traería el proyecto Tarragona a la ciudad, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que no permitirá que se adelante la construcción planeada por Cosenza. Admitiendo que existieron contradicciones por parte de la administración municipal, declaró que la evidencia en contra del proyecto era “robusta” y “es un imposible legal, técnico y ambiental permitir Tarragona”.

 

Ahora el dilema surge con respecto a las personas que de buena fe adquirieron apartamentos en el proyecto. Si bien los dineros fueron depositados en una fiducia, está por verse cómo se desenvuelve la situación y si el reembolso del dinero es oportuno y efectivo. De igual forma, es posible que la constructora Cosenza emprenda acciones legales en contra del municipio debido a la falsa expectativa que generó la circular emitida en octubre de 2020.

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