Foro: el estado permanente de la crisis de las prisiones en Colombia

En un nuevo Foro Caracol Radio y Hora 20 se pone el foco en “El estado permanente de la crisis de las prisiones en Colombia” en el que se debatió y analizó a profundidad los problemas del diseño penitenciario e institucional; el hacinamiento, la deficitaria situación en infraestructura; la obligación y constante tensión entre alcaldías y Gobierno Nacional. También una mirada a los retos en política criminal y la detención preventiva.

Desde hace décadas se le ha contado al país que vivimos una bomba de tiempo en materia carcelaria; situación que vimos evidenciada ante la crisis del coronavirus; pues esta emergencia que ha develado todas las carencias de nuestro sistema develó la del penitenciario. Hasta el momento se tiene registro de casi 15 mil contagios en las cárceles del país, que concentraba un hacinamiento del 52 por ciento hasta el inicio de la pandemia. Por cuenta de esta situación, el gobierno decretó la emergencia carcelaria y se permitió la excarcelación de unas 23 mil personas, lo que llevó a que el hacinamiento se redujera al 23,23 por ciento… situación que no deja de preocupar, pues las cárceles del país siguen siendo un lugar en el que poco se resocializa, hay violación de los derechos humanos, carencia de necesidades básicas y hasta un estado de cosas inconstitucional.

Pues es que la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esta llamada “bomba de tiempo”. La primera vez que lo hizo fue en 1998 a través de la sentencia T-153 al declarar un estado de cosas inconstitucional por cuenta de la grave situación de hacinamiento que el país vivía en ese momento, la cual no superaba el 4 por ciento; en 2013 volvió a declarar el estado de cosas inconstitucional, pero en esta ocasión no solo por el hacinamiento, también porque consideraba que el país tenía una política criminal ineficiente e incoherente, la cual no tenía interés en resocializar. En 2015 se volvió a pronunciar sobre la descoordinación del sistema en la sentencia T-762 y, por último, en 2019 lo hizo a través del auto 110.

Lo que dicen los panelistas

El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, Javier Sarmiento, apuntó que la llegada de la pandemia contribuyó a un proceso de deshacinamiento; ya que la tasa de hacinamiento pasó del 55 por ciento en marzo al 22 en septiembre. Recalcó que por diferentes vías salieron de los centros penitenciarios unas 34 mil personas, tales como la libertad condicional, detención domiciliaría o vía decreto legislativo del gobierno por cuenta de la emergencia carcelaria.

Agregó que las apuestas del gobierno en materia de la política carcelaria están en la construcción de estructura rígida para ampliar unos 1.300 cupos con el fin de mejorar las condiciones de vida de los privados de la libertad; también dijo que hay una apuesta por mejorar la política criminal, la racionalización; un trabajo conjunto con entes territoriales en prevención y considerar la medida privativa de la libertad como última opción.

Para el procurador Delegado de Derechos Humanos, Carlos Medina Ramírez, la disputa entre el Gobierno nacional y los entes territoriales deriva en la violación de derechos humanos en las personas privadas de la libertad. Advirtió que se debe zanjar la discusión en la que el Estado nacional debe asumir la responsabilidad de las penitenciarías como escenarios de resocialización, pero cree que en el caso de los sindicados las condiciones son distintas.

Concluyó diciendo que somos una política criminal vengativa y carcelera; “si no hay racionalidad, la punitiva le llena cualquier cárcel que usted haga y siempre va a haber justificación.”

El alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, afirmó que en la ciudad no cabe un detenido más en las estaciones de policía; situación que considera puede generar un colapso en las estructuras de detención preventiva y afectar también la seguridad ciudadana, pues explicó que, al tener las cárceles cerradas, las estaciones se colapsan mientas que al mismo tiempo no se pudo generar un sistema transitorio para planificar la situación en los centros transitorios.

Añadió que otros elementos importantes son las vías para garantizar que haya resocialización a través de la competencia del Estado, alcaldías y sistema penal. Por último, señaló que se debe dar la discusión sobre el rol que tienen que asumir las alcaldías y gobernaciones, pues criticó que se tomen recursos del Fonset para atender el problema de hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios.

José Manuel Díaz, experto en ciencias penales y criminológicas, apuntó que la cifra de un 23 por ciento de hacinamiento es mentirosa, pues explicó que factores como la manera de calcular el hacinamiento en las cárceles es diferente y que por otro lado en las URI y estaciones de policía el hacinamiento puede llegar a ser hasta del 500 por ciento; también comentó que el hacinamiento ha incrementado cualitativa y cuantitativamente.

En cuanto al problema territorial advirtió que el Gobierno Nacional está trasladando a los entes territoriales sin una normatividad una carga, que para ellos se justifica en el artículo 17 de la ley 65, la cual habla de detenidos por contravenciones, los cuales asegura se terminaron hace mucho tiempo; pero no cree que el legislador les haya atribuido la responsabilidad de los sindicados a los entes territoriales. Por último, dijo que por temas de seguridad nacional es más conveniente tener el sistema penitenciario centralizado.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, investigador de DeJusticia, profesor en la Universidad Nacional, criticó que el viceministro de justicia presentara la reducción del hacinamiento como producto de las medidas de excarcelación de la pandemia; pues asegura que el decreto 546 al imponer restricciones de entrada a los centros penitenciarios, generó que no pudieran entrar más personas, lo que llevó a que el hacinamiento bajara. Agregó que ese hacinamiento se ha trasladado a otros lugares como los centros de detención transitorios, estaciones de Policía y URI.

Comentó que este gobierno es punitivista y que, si se quiere tener un enfoque de esta manera y no un sistema distinto basado en penas restaurativas, pues cree que se debe meterse “la mano al dril” y construir las cárceles suficientes que se van a necesitar para las personas que quedarán privadas de la libertad.