Traspaso en fondo de pensiones: ¿cuál era la intención del decreto?

En Hora 20 analizamos las últimas medidas tomadas por el gobierno en materia laboral; los cambios en los pagos y una polémica en torno a las pensiones. Una mirada a los cambios silenciosos de los últimos días en el Ejército. Por último, una polémica por un presunto mal manejo de las UCI y los ventiladores en algunas clínicas del país.

Debido a la contingencia por el coronavirus y los nefastos efectos que ha traído en la economía, generación de empleo y estabilidad laboral; el ministerio de Trabajo anunció una serie de medidas al respecto. En primer lugar, habla de que los empleados que estén en teletrabajo recibirán un subsidio para la conectividad, en vez del subsidio de transporte. Otra de las medidas es lo relacionado con el pago de la primera legal de mitad de año, el ministerio estipula que bajo acuerdo entre empleador y empleado el pago de esta prima se podrá hacer en tres cuotas, como máximo hasta el 10 de noviembre. También se da libertad a las empresas para modificar los horarios laborales sin que se superen las ocho horas diarias.

Estas medidas que buscan aliviar en gran parte las condiciones laborales de muchos trabajadores han sido bien recibidas, lo que ha generado polémica es un decreto que saldría del ministerio de Hacienda y que encendió las alarmas sobre el sistema pensional.

El decreto que fue echado para atrás a ultima hora, pretendía pasar a 350 mil personas del régimen privado de pensiones a Colpensiones, esta acción llevaría a que las administradoras de pensionen pasen el total del ahorro de cada uno de esos cotizantes al régimen público. Las condiciones para hacer el traspaso eran 750 semanas de cotización y unos 52 años para los hombres y 47 para las mujeres.

Este movimiento en el régimen de pensiones que estaba dentro del Plan de Desarrollo pero que fue tumbado y que ahora cursa en el congreso un proyecto similar, tiene como objetivo según el gobierno, poder obtener recursos para el Estado, que ayudaría a aliviar el hueco en Colpensiones que se estima de $3 billones de pesos por cuenta de la pérdida de empleo y a financiar una parte del gasto del Gobierno en la contingencia por la pandemia, ya que el traspaso de estas personas puede representar hasta $27 billones de pesos. Otro de los argumentos sería disminuir una serie de conflictos que ordenan a los jueces los traslados y que en este momento son más de 30 mil procesos.

Según publicó la Silla Vacía, el ministro de Hacienda no estaba de acuerdo con este decreto, además, se conoció una carta de Asofondos en la que consideran que esa acción sería una mala solución para aliviar un problema coyuntural, la cual tendría un impacto negativo fiscal que podría durar décadas. Otro de los argumentos que presentan, es que se podría aumentar el pasivo pensional en unos $60 billones de pesos, lo que afectaría la sostenibilidad del sistema.

 Lo que opinan los panelistas

Para Angélica Lozano, senadora de la República por el partido Alianza Verde, lo que motiva a la construcción de ese borrador de decreto es que pueda circular liquidez; ya que se estimaba que podría darle dinero al Estado por una cifra cercana a los $27 billones de pesos. Agrega que ese negocio le significaría liquidez al estado en este momento, pero a un costo enorme “no podemos tener una reforma pensional por decreto” concluye.

Frente a la situación en las FFMM, dice que llama la intención de que el Ministro de Defensa cree un cargo de comisionado para la inteligencia y contrainteligencia, cuando eso ya existe. Opina que la solución de fondo es poder tener un agente externo que vigile los movimientos en la inteligencia militar y que es necesario que se aproveche este momento para que se haga una auditoria independiente que no esté dentro de la jerarquía de la Fuerzas Armadas.

Según Yesid Lancheros, editor político de la Revista Semana, este borrador de decreto es como todo lo que emite el ministro Carrasquilla “políticamente inoportuna y técnicamente cuestionable y debatible.” Agrega que el gobierno ya ha insistido que no hay el ambiente para poder impulsar este año reformas tan importantes como la laboral y la pensional, por lo que concluye, que tocará esperar salir de esta emergencia para abrir el debate a fondo sobre estos dos temas. En cuanto a las medidas tomadas a través de decreto desde el Ministerio de Trabajo, dice que este paquete es bienintencionado, pero que no es suficiente para la cantidad de desempleo que tenemos y el alto número de negocios que han tenido que cerrar. “Hay tensión entre la debacle de las empresas y la situación de los trabajadores, no es fácil resolverlo” concluye.

Durante el debate se abrió la polémica sobre las comparaciones que han surgido desde algunos sectores políticos del manejo de la pandemia en Bogotá y Medellín. Para Lancheros las realidades de ambas ciudades no son comparables por tenas como el tamaño, población y un aspecto que no deja de lado como es la operación del aeropuerto El Dorado. Otro de los puntos que considera importante es la poca cultura ciudadana en Bogotá y los altos niveles de indisciplina social.

Para Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, las medidas tomadas por el gobierno en materia laboral van en la dirección correcta, ya que van dirigidos a aliviar los flujos de caja de las empresas con el fin de que estas puedan sobrevivir y mantener el empleo. Apunta que las condiciones laborales no se pueden desmejorar y que por eso se buscan salidas como el pago a cuotas de la prima legal de mitad de año.

Para Forero sí caben las comparaciones entre Medellín y Bogotá en cuanto al manejo de la pandemia y añade que temas como el de la reactivación económica juegan un papel importante “mientras Medellín había permitido la reactivación en el 51 por ciento de las empresas, Bogotá solo llevaba el 2 por ciento.”

Mauricio Albarracín, subdirector de Dejusticia, opina que, aunque no se conoce de fondo el decreto sobre traslado de fondos de pensiones, sería precario hacer esos cambios mediante decreto, ya que considera que es un tema de gran calado el cual requiere de participación entendiendo que es un tema que compromete la situación económica del país. Sobre las medidas en materia laboral, se pregunta si ese tipo de decisiones son las que se requieren para proteger el empleo. Además, le preocupa que medidas donde se permiten jornadas de 12 horas se conviertan en precarización laboral.

En cuanto a las denuncias hechas por el ministro de Salud sobre los incentivos para que hospitales dejen a las personas más tiempo en las camas UCI, dice que, si el ministro conoce el incentivo, él lo puede cambiar desde un sentido regulatorio y si son hecho de corrupción, pues la acción debería ser denunciar y revelar quiénes son los involucrados. También dice que los comentarios no le hacen bien a la relación entre el ministro de Salud y los médicos.

Frente a los cambios en el Ejército dice que puede den ser todo, menos profesionales, ya que considera que son contrarios a la forma como se debe manejar las Fuerzas Armadas “no hay control, no hay una investigación independiente” concluye.