Polémica por vacío jurídico con vigencia de ley que crea doble instancia a aforados

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la solución para evitar que más de 640 procesos de aforados queden en el limbo tras la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2018 que estableció la doble instancia para aforados. 

Tres expertos consultados por 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio consideran que si bien la norma no estableció procedimientos de transición, el máximo tribunal de justicia ordinaria sigue funcionando y tiene en su reglamento interno las facultades necesarias para evitar este amago de crisis. 

Augusto Ibáñez, expresidente del alto Tribunal, considera que “ningún proceso puede quedar paralizado por la ausencia de estos mecanismos de transición”, y recuerda que “la aprobación de las reformas son hacia futuro, no afecta a las actuaciones presentes”. Y concluye que “se requiere de voluntad política para no dejar ningún proceso inactivo”. 

Por su parte, Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado de esa corporación, dice que la mejor garantía que tienen los aforados es que son juzgados por la máxima instancia del país”. 

Arrubla critica la “improvisación del Gobierno”, que buscaba “darles gusto a los congresistas, que son aforados”, pues los nueve magistrados que integrarán la nueva Sala de doble instancia le costará al erario más de $15.000 millones anuales. 

Javier Zapata, otro expresidente de la Corte Suprema, señala que el acto legislativo 01 de 2018 lo que hace es adaptar la legislación nacional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de los Derechos Humanos que establecen la doble instancia, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

“La solución es que si la Corte conserva la competencia debe por analogía aplicar su reglamento constitucional que le permite separar las funciones de acusación e instrucción del juzgamiento”, explica.