Concejales de Barranquilla y la entrega de contratos a comando electoral de Aída Merlano
Aissar Castro Reyes asegura que sus actuaciones están enmarcadas dentro de la ley.

Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora son señalados de entregar contratos de prestación de servicios a varias personas que hacían parte del comando electoral de Aída Merlano. Foto: Colprensa(Thot)

El pasado 30 de julio, la Fiscalía General de la Nación señaló a los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora de presuntamente haber entregado contratos de prestación de servicios al Concejo de Barranquilla a varias personas que hacían parte del comando electoral de Aída Merlano. Esto, según el ente acusador, con el fin de mantener el funcionamiento de la empresa dedicada a la compra de votos.
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Este señalamiento se produjo durante la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra políticos relacionados con el caso Merlano.
Ante esta situación, La W decidió seguirles la pista a los concejales y consultarlos sobre estos contratos, pero solo el concejal Aissar Castro Bravo se refirió al particular.
Esto fue lo que respondió: “La Fiscalía hizo una referencia y no los mostró, dado el caso que se refiera a algún tipo de contratación que tenga que ver con mi persona (…) todas las actuaciones que yo he tenido dentro del Concejo han estado enmarcadas dentro de la ley y del ordenamiento jurídico. Eso a mí no me preocupa ni tampoco me hace culpable de ningún tipo de delito”.
Al cuestionarlo sobre si conocía a las personas que hacían parte del comando político y que habían sido vinculadas al Concejo mediante estos contratos, esta fue su respuesta: “De conocerlas o no conocerlas, eso ya queda a discreción del proceso, de que ellas cumplan o no cumplan con unos requisitos que establece el mismo Concejo, eso también”.
Por su parte, el concejal Juan Carlos Zamora no se refirió al tema y prefirió no hablar.
Este viernes 3 de agosto, en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra los siete políticos del departamento del Atlántico vinculados al caso.






