“Emergencia carcelaria no es suficiente”, Defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, señaló que la medida que se debe tomar no es una emergencia carcelaria, sino una emergencia social.
Foto: Eltiempo.com(Thot)
Luego de que el Gobierno Nacional anunciara que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debe declarar la emergencia carcelaria, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, señaló que la emergencia carcelaria es apenas una medida de carácter administrativo que se toma solo en dos eventos: cuando hay perturbación de la seguridad y cuando existe riesgo sanitario.
Ante este panorama Otálora pide medidas excepcionales, dada la magnitud de la situación penitenciaria y carcelaria del país y las recientes decisiones judiciales en las que jueces mediante fallos de tutela han ordenado el cierre parcial o total de 16 centros de reclusión en Colombia.
Según el funcionario, el estado emergencia carcelaria no resulta funcional ni puede ser invocado para conjurar los problemas de hacinamiento y de cierre de pabellones y cárceles ya que ésta es la mayor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente, con niveles de hacinamiento que en algunas cárceles alcanza el 400%.
Por esto, el Defensor del Pueblo insiste en que la declaratoria del estado de emergencia social, que consagra el artículo 215 de la Constitución Política, es la figura indicada para afrontar la actual situación, porque es la única que le permite al Presidente de la República tomar medidas de carácter extraordinario cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad.
Estos son los puntos que expone Otálora sobre la diferencia entre la emergencia social y la emergencia carcelaria, que le permitiría al Presidente:
1. Modificar el sistema judicial administrativo, para entre otras cosas, ampliar el número de jueces de ejecución de penas que reduzcan el represamiento de las solicitudes de libertad.
2. Modificar el sistema judicial penal para entre otras cosas, otorgar sustitutos penales o libertades provisionales a delitos de bajo impacto para la sociedad, para quienes hayan cumplido más de la mitad de la condena y tengan un buen comportamiento.
3. Estudiar la posibilidad de conceder prisión o detención domiciliaria, según sea el caso, a quienes según concepto de Medicina Legal padecen enfermedades terminales. Según Caprecom-Inpec actualmente se registra un total de 416 reclusos en esta circunstancia.
4. Consecución de terrenos apropiados para construir nuevas cárceles bajo la figura de contratación directa y abreviando procesos contractuales.
5. Realizar apropiaciones presupuestales extraordinarias para fortalecer el Fondo de Infraestructura Carcelaria.
6. Convocar a todas las entidades del Estado para que de manera coordinada hacer frente a la crisis y no dejar la carga exclusivamente en manos del Inpec..
Ante este panorama Otálora pide medidas excepcionales, dada la magnitud de la situación penitenciaria y carcelaria del país y las recientes decisiones judiciales en las que jueces mediante fallos de tutela han ordenado el cierre parcial o total de 16 centros de reclusión en Colombia.
Según el funcionario, el estado emergencia carcelaria no resulta funcional ni puede ser invocado para conjurar los problemas de hacinamiento y de cierre de pabellones y cárceles ya que ésta es la mayor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente, con niveles de hacinamiento que en algunas cárceles alcanza el 400%.
Por esto, el Defensor del Pueblo insiste en que la declaratoria del estado de emergencia social, que consagra el artículo 215 de la Constitución Política, es la figura indicada para afrontar la actual situación, porque es la única que le permite al Presidente de la República tomar medidas de carácter extraordinario cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad.
Estos son los puntos que expone Otálora sobre la diferencia entre la emergencia social y la emergencia carcelaria, que le permitiría al Presidente:
1. Modificar el sistema judicial administrativo, para entre otras cosas, ampliar el número de jueces de ejecución de penas que reduzcan el represamiento de las solicitudes de libertad.
2. Modificar el sistema judicial penal para entre otras cosas, otorgar sustitutos penales o libertades provisionales a delitos de bajo impacto para la sociedad, para quienes hayan cumplido más de la mitad de la condena y tengan un buen comportamiento.
3. Estudiar la posibilidad de conceder prisión o detención domiciliaria, según sea el caso, a quienes según concepto de Medicina Legal padecen enfermedades terminales. Según Caprecom-Inpec actualmente se registra un total de 416 reclusos en esta circunstancia.
4. Consecución de terrenos apropiados para construir nuevas cárceles bajo la figura de contratación directa y abreviando procesos contractuales.
5. Realizar apropiaciones presupuestales extraordinarias para fortalecer el Fondo de Infraestructura Carcelaria.
6. Convocar a todas las entidades del Estado para que de manera coordinada hacer frente a la crisis y no dejar la carga exclusivamente en manos del Inpec..
