La ALO, tema de reunión entre la Secretaría de Planeación y el Contralor de Bogotá
La Secretaría Distrital de Planeación, entregó a la Contraloría Distrital un informe para que evaluara la posibilidad de desarrollar acciones de control en la ALO.
(Thot)
La Secretaria Distrital de Planeación, María Mercedes Maldonado, entregó a la Contraloría Distrital un informe técnico denominado: “Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Metodología del análisis predial de la adquisición de predios”, para que este organismo de control evaluara la posibilidad de desarrollar acciones de control.
Aunque se advirtió que cualquier investigación relacionada con las compras efectuadas antes del 2002 ya se encuentra prescrita y la Contraloría informó que los hallazgos fiscales detectados en un informe realizado en 2003 ya habían sido archivados, la Secretaria planteó al Contralor que el caso era ilustrativo de los problemas que se presentan en la compra de predios en el Distrito Capital que afectan las condiciones de financiación de las obras públicas.
El informe tiene un carácter técnico, basado en información de las bases de datos entregadas por el IDU sobre los predios adquiridos, que fue procesada por la Subsecretaría de información y estudios estratégicos de la Secretaría de Planeación.
A partir del análisis se realizó una revisión de detalle de uno de los tramos de la ALO, denominado norte B, porque era un suelo rural en el momento de la adquisición y lo sigue siendo, condición que permite comparar con mayor facilidad los precios que en suelo urbano, donde muchos más factores inciden en la determinación del valor del suelo.
El estudio se realizó para atender las proposiciones enviadas por algunos Concejales de Bogotá, pero también como parte del trabajo de la Unidad Técnica de Apoyo de Valoración de suelo y adquisición predial, instancia que coordina Planeación Distrital.
Al término de la reunión la Secretaria Distrital de Planeación manifestó: “la preocupación fundamental va dirigida a señalar el problema de los altos precios que se reconocen en los procesos de adquisición pública de suelo tanto en negociación directa o voluntaria como en expropiación. Este es un problema que afecta las finanzas públicas y en el que participan funcionarios públicos, avaladores, y peritos judiciales. Si bien el régimen jurídico ordena establecer una indemnización al expropiado que no afecte su patrimonio, al mismo tiempo ordena equilibrar los intereses del propietario y los de la colectividad”.
Aunque se advirtió que cualquier investigación relacionada con las compras efectuadas antes del 2002 ya se encuentra prescrita y la Contraloría informó que los hallazgos fiscales detectados en un informe realizado en 2003 ya habían sido archivados, la Secretaria planteó al Contralor que el caso era ilustrativo de los problemas que se presentan en la compra de predios en el Distrito Capital que afectan las condiciones de financiación de las obras públicas.
El informe tiene un carácter técnico, basado en información de las bases de datos entregadas por el IDU sobre los predios adquiridos, que fue procesada por la Subsecretaría de información y estudios estratégicos de la Secretaría de Planeación.
A partir del análisis se realizó una revisión de detalle de uno de los tramos de la ALO, denominado norte B, porque era un suelo rural en el momento de la adquisición y lo sigue siendo, condición que permite comparar con mayor facilidad los precios que en suelo urbano, donde muchos más factores inciden en la determinación del valor del suelo.
El estudio se realizó para atender las proposiciones enviadas por algunos Concejales de Bogotá, pero también como parte del trabajo de la Unidad Técnica de Apoyo de Valoración de suelo y adquisición predial, instancia que coordina Planeación Distrital.
Al término de la reunión la Secretaria Distrital de Planeación manifestó: “la preocupación fundamental va dirigida a señalar el problema de los altos precios que se reconocen en los procesos de adquisición pública de suelo tanto en negociación directa o voluntaria como en expropiación. Este es un problema que afecta las finanzas públicas y en el que participan funcionarios públicos, avaladores, y peritos judiciales. Si bien el régimen jurídico ordena establecer una indemnización al expropiado que no afecte su patrimonio, al mismo tiempo ordena equilibrar los intereses del propietario y los de la colectividad”.
