Gobierno radicó la Reforma Política en el Congreso

Con la presencia de representantes de varios partidos, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes la Reforma Política, que será tramitada a través del mecanismo “fast track”.

Entre las medidas que incluye esta reforma está la financiación mixta de las campañas, la creación de un Consejo Electoral Colombiano con funciones de policía judicial y la prohibición de entrega de donaciones o prebendas a los electores.

El ministro Cristo aseguró que el texto de este proyecto “seguirá siendo consultado con los partidos” pero adelantó que las listas cerradas son una de las líneas rojas del Gobierno Nacional.

“La lista cerrada es una línea roja para el Gobierno; si se aplica en el 2018, 2019 o 2022, estamos dispuesto a mirarlo pero tenemos que avanzar hacia este tipo de listas”, señaló el titular de la cartera política.

Cristo también señaló que esta reforma se da a raíz de los acuerdos firmados con las Farc pero que su construcción se dio entre el Gobierno y los diferentes partidos políticos.

Así quedó la reforma

Habrá listas cerradas desde 2019 y se acaba con las curules vitalicias

De acuerdo con la reforma política, en el año 2018 se establecerá un régimen de transición de listas cerradas, pero no bloqueadas, y en las elecciones regionales de 2019 se impondrá un régimen de lista cerrada, en el que los colombianos votarán por las listas de los partidos de su predilección y no directamente por los candidatos.

En esta reforma también se introduce un régimen mixto de financiación de campañas y se reduce la edad mínima para aspirar a la Cámara de Representantes a 21 años y al Senado a 25 años. La reforma también incluye una disposición para que ninguna persona pueda  ser elegida por más de dos periodos en corporaciones públicas.

Proponen habilitar las inscripciones de cédula y el voto digital, progresivamente, con plan piloto para el voto de los colombianos en el exterior

Consejo Electoral tendrá funciones de Policía Judicial

El proyecto crea el Consejo Electoral Colombiano _CEC-, que entrará a reemplazar al Consejo Nacional Electoral, y que tendrá 9 miembros de dedicación exclusiva. Seis de sus magistrados serán elegidos con el mismo esquema con el que se elige al Registrador Nacional y los otros tres serán elegidos, mediante mediante un proceso de convocatoria pública, por Presidente de la República.

Este Consejo tendrá una unidad de Policía Judicial  que podrá allanar, capturar, interceptar teléfonos, entre otras atribuciones. El Consejo deberá decidir antes de una elección, si una persona puede aspirar o no. También podrá impedir la posesión de los candidatos electos ante denuncias por fraude, entre otras irregularidades.

Tendrán presencia territorial pues se plantea que en cada región sólo quede un delegado de la Registrad Uría y otro del CEC.

Se castigará la entrega de dádivas y se eliminará la circulación de efectivo en las campañas

Según el proyecto, se elimina la circulación de efectivo en las campañas electorales. Los privados que realicen donaciones deberán declararlas a la autoridad electoral y deberán informar de dónde proviene el dinero. La propaganda electoral en los espacios de radio y televisión la asumirá el Estado.

También se plantea implementar un registro de proveedores de campaña, para conocer qué empresas logísticas o asesores, entre otros, intervienen. Se prohíbe entregar dádivas, regalos y donaciones a los electores, pues esas conductas se castigarán con pérdida de investidura y con responsabilidad penal para quienes las cometan.

También se prohíbe la contratación de transporte para cualquier evento proselitista y durante el día de las elecciones, pues el Estado asumirá ese servicio durante los días de votación. 

Procuraduría podrá inhabilitar con el visto bueno del Consejo de Estado

El proyecto le quita 'dientes' a la Procuraduría General en su tarea de inhabilitar a funcionarios de elección popular, pues según la iniciativa, de ahora en adelante la última palabra la tendrá el Consejo de Estado.

El texto contempla que las inhabilidades impuestas en segunda instancia por el Ministerio Público sólo cobren vigencia hasta que el tribunal de lo contencioso administrativo las avale, en un trámite revisión. De esta forma, según fuentes del Gobierno, se estaría cumpliendo con una disposición de la Carta Interamericana.