Fiscalía de la CPI anuncia revisión del nuevo acuerdo final con las Farc

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a cargo de Fatou Bensouda, anunció que continuará examinando los desarrollos relativos a las negociaciones de paz entre el Gobierno, las Farc y el Eln. Advirtió que revisarán "cuidadosamente todo cambio posible en el texto firmado el 26 de septiembre de 2016, luego del resultado del plebiscito nacional, en la medida que resulte relevante para el examen preliminar, así como todo proyecto legislativo posterior relativo al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para los máximos responsables por los crímenes más graves".

Cuando se refieren a rendición de cuentas para los máximos responsables se refieren a 'sanciones efectivas', pues en el mismo informe la fiscal recordó que en septiembre de este año saludó la conclusión de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, reconociéndolo como un "logro histórico" que "requerirá de una auténtica rendición de cuentas -que por definición incluye sanciones efectivas- a fin de fomentar una paz sostenible".

Bensouda también se pronunció sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, dicen que "la Fiscalía no ha adoptado una posición específica o final" respecto de la JEP. Dice que el cumplimiento de los objetivos de la JEP no dependen únicamente de los procedimientos y condiciones establecidas en el Acuerdo, " sino también de la efectividad de las restricciones a la libertad impuestas sobre los individuos, cuya naturaleza aún debe precisarse claramente".

"La Fiscalía también deberá tomar en consideración si existe alguna laguna sustantiva en las leyes aplicadas por las autoridades competentes de la Jurisdicción Especial para la Paz, como las relativas a la responsabilidad del superior, que podría casos potenciales que podrían surgir de una investigación en la situ", advierte el documento refiriéndose al anterior acuerdo sobre la JEP.

La Fiscal de la CPI también advirtió que sólo pueden ejercer su competencia sobre crímenes de guerra cometidos desde el 1 de noviembre de 2009, y advierten que "existe fundamento razonable" para "creer" que se han cometido desde esa fecha crímenes de guerra en el contexto del conflicto colombiano como homicidios, ataques dirigidos contra la población civil; torturas y tratos crueles; ultrajes contra la dignidad personal; toma de rehenes; actos de violencia sexual y reclutamiento; alistamiento y uso de niños para las hostilidades.