Controversia por concepto de la Cancillería sobre la JEP y el Estatuto de Roma
La entidad dice que el documento en el que responden a los cuestionamientos de la fiscal de la Corte Penal Internacional "sólo debió circular internamente".
Plenaria del Senado discute la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Foto: Colprensa(Thot)
Pese a que la Cancillería niega que haya respondido ante la Corte Constitucional los cuestionamientos que en su momento hizo la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte llegó un documento de la Cancillería en el que no sólo defienden la JEP sino que establecen que los Estados no están obligados a sancionar con cárcel los crímenes considerados graves.
Afirma el concepto de la Cancillería que "ninguna norma del derecho internacional ha sido violada por el esquema de sanciones del acuerdo final y su legislación de implementación (...) ninguna norma del derecho internacional le exige a un Estado castigar con cárcel o prisión un crimen grave (...) El Estatuto de Roma no obliga a imponer una sanción específica y, por esta razón, un Estado Parte es libre al decidir sobre las penas".
"Un Estado puede investigar pero decidir no incoar la acción penal y esta decisión no indica necesariamente falta de voluntad o capacidad. Esto es precisamente lo que conllevan los tratamientos penales previstos en la legislación de la implementación del Acuerdo Final", agrega el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su momento, la fiscal de la CPI cuestionó los beneficios que pudieran recibir los excombatientes involucrados en delitos de lesa humanidad, pues expresó que exigir que se pruebe la sistematicidad “podría llevar a que se dicten amnistías u otras medidas similares a individuos responsables por crímenes de guerra que, si bien no fueron cometidos en forma sistemática, podrían no obstante estar abarcados por la jurisdicción de la CPI”.
La Cancillería emitió un comunicado este miércoles en el que expresan que no han enviado respuesta alguna al documento que la Fiscalía de la CPI envió a la Corte Constitucional, y que el documento que se ha conocido "solo debió circular internamente, recoge las observaciones de un analista y no representa una respuesta formal ni la posición del Gobierno frente al tema".
