Con tres leyes, fiscal general buscará mayor transparencia en la entidad
Néstor Humberto Martínez radicó tres iniciativas para regular situaciones de conflictos de interés, interinidad en el cargo y control interno.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Foto: Colprensa(Thot)

Al mediodía de este martes, el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, radicó tres proyectos de ley con el fin de “aumentar la imparcialidad y la transparencia” del ente acusador.
La primera de estas iniciativas busca regular el régimen de impedimentos y recusaciones del fiscal. El articulado del proyecto establece que en caso de que se presente una situación que lleve a un impedimento o recusación del fiscal, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia debe designar un fiscal ad hoc que conozca el caso en cuestión. Con este proyecto se modificaría el régimen actual en el que es el vicefiscal quien asume los procesos en los que la cabeza de la Fiscalía se declara impedida o es recusada.
El segundo proyecto presentado tiene como fin acabar con los largos periodos de interinidad en la Fiscalía. La iniciativa contempla que en caso de falta absoluta del fiscal general por muerte, incapacidad absoluta o término del periodo, el presidente de la República debe designar inmediatamente un remplazo y presentar la terna para que la Corte Suprema pueda escoger a un fiscal en propiedad. Martínez aseguró que este proyecto de ley “se superan los incentivos para que se prolonguen los procesos de interinidad al interior de la Fiscalía”.
Un tercer proyecto de ley presentado por el fiscal pretende aumentar el control y la rendición de cuentas de la Fiscalía General, para que esta entidad “no sea una rueda suelta”. Se buscará que el control interno del ente acusador no sea ejercido por una persona designada por el fiscal, sino la Sala Plena de la Corte Suprema; este jefe de control le rendirá cuentas tanto al fiscal como a la Corte y por este conducto a la sociedad en su conjunto. Se establece también que el fiscal general estará obligado a presentar un informe anual a la Corte Suprema de Justicia sobre su gestión en materia administrativa y penal.






