Orden Público

violencia infantil

Defensoría llama la atención a colegio por caso de intento de abuso sexual

Ministerio público pide no revictimizar la menor

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. / Colprensa

Cúcuta

La Defensoría del Pueblo rechaza de manera contundente las declaraciones hechas por autoridades del Colegio Municipal María Concepción Loperena en Cúcuta ante el caso de violencia sexual de una niña al interior de la institución educativa.

“Rechazamos los hechos ocurridos el pasado 11 de julio en el colegio municipal en los que una estudiante fue víctima de violencia sexual presuntamente por parte de un adolescente que cumple sanciones impuestas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La violencia sexual no tiene justificación, es inconcebible buscar motivaciones, menos cuando se trata de menores de edad”, dijo el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.

“Los colegios deben ser entornos protectores, por ello pedimos celeridad en las investigaciones y la no revictimización por parte de la institución educativa. La familia nos ha expresado su dolor frente a la situación y al manejo que se le dio al caso teniendo en cuenta que la institución no activó oportunamente las rutas de atención”, dijo Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo exige a la comunidad educativa que este tipo de situaciones sean adecuadamente abordadas, a partir del criterio de inmediatez y ante las autoridades competentes para facilitar las investigaciones.

“Desde nuestra Regional Norte de Santander, hemos hecho seguimiento al caso, solicitando la atención de las víctimas y acompañado a la comunidad en los diferentes plantones de rechazo, en los que inclusive se ha alertado sobre presuntos hechos de violencia en contra los manifestantes. También hemos participado en los Comités de Convivencia Escolar en los que se evidencia la falta de claridad sobre las rutas establecidas en la Ley 1620 de 2013”, agregó Carlos Camargo.

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La Defensoría del Pueblo destaca la necesidad de que personal docente y administrativo de las instituciones tenga conocimiento sobre los diferentes protocolos, mecanismos y lineamientos de atención para víctimas de violencia sexual, contenidos en la Directiva 01 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional.

“En este caso, es necesario que el presunto victimario sea puesto a disposición de las autoridades competentes, y que el Defensor de Familia que tiene a cargo su caso, revise el proceso educativo que está adelantando en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El seguimiento permanente al proceso de educación de los jóvenes en conflicto con la ley penal es clave para evitar la repetición de ciclos de violencia y agresión”, dijo el Defensor del Pueblo.

La corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad de asistir, proteger y actuar como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su pleno ejercicio, es vital para que cualquier situación de riesgo pueda ser detectada a tiempo en los entornos familiar, escolar o social.

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