Seis muertes registradas en Risaralda durante el Paro permanecen impunes
Los familiares y colectivos sociales denuncian que las autoridades no han entregado resultados de las investigaciones.
. / Archivo (Colprensa)
Pereira
Durante las semanas siguientes al 28 de abril del 2021, las calles de Pereira, Dosquebradas y otros municipios de Risaralda se convirtieron en el escenario de manifestación de miles de personas de todas las edades y estratos sociales, las cuales recorrieron cientos de kilómetros de las principales calles de esta región y bloquearon el tránsito vehicular en varios puntos del departamento con un solo objetivo: exigirle al Gobierno Nacional que escuchara sus peticiones.
Para Adriana Gónzalez, abogada y defensora de derechos humanos en Risaralda, el estallido social fue la continuación del descontento generalizado que ya había sido motivo de protestas en el 2019 y que, de hecho, permanece entre muchos ciudadanos.
Las protestas, aunque en su gran mayoría fueron pacíficas, estuvieron permeadas por actos de vandalismo protagonizados por unos cuantos que aprovechaban las noches para atacar bienes públicos y privados y hacer daños.
Asimismo, la brutalidad policial y el exceso de fuerza por parte de las autoridades también fueron evidentes en varios puntos del país, incluyendo a los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. La vulneración de los derechos humanos estuvo presente en siete muertes violentas durante las jornadas de movilización, más de 50 detenciones arbitrarias, abusos sexuales a mujeres, amenazas de muerte en contra de los manifestantes y desapariciones; la mayoría de esos hechos siguen en la impunidad.
Aunque luego de varias semanas de protesta los ánimos se fueron apaciguando, los defensores de derechos humanos aseguraron que situaciones similares a las del año pasado podrían volver a registrarse en el país, como consecuencia de la aparente falta de empatía por parte de las autoridades.
En 49 días de protestas del Paro Nacional, los manifestantes lograron que se tumbara la reforma tributaria, la renuncia del ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, la caída de la reforma a la salud, la renuncia de la canciller Claudia Blum, la matrícula gratuita para el segundo semestre del 2021, entre otras acciones que quedarán en la historia de Colombia.
VÍCTIMAS MORTALES EN RISARALDA:
En hechos que todavía son materia de indagación pero que, sin duda, generaron un malestar mayor entre la ciudadanía, seis personas se convirtieron en víctimas fatales de las balas o de los gases lacrimógenos y, a pesar de que se manejan varias hipótesis, aún siguen en la impunidad.
El caso que más conmocionó al país fue el asesinato de Lucas Villa Vásquez, quien fue baleado en el viaducto César Gaviria Trujillo el 5 de mayo durante una manifestación pacífica. El joven activista permaneció cinco días internado en el Hospital San Jorge de Pereira pero falleció luego de que se le diagnosticara muerte cerebral.
Frente a este caso, su hermana Sidssy Uribe, denuncia que no hay resultados de las investigaciones adelantadas por un equipo especializado de la Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte, Brahian Gabriel Rojas, un joven que vivía en el municipio de La Virginia y que en la noche del 28 de abril se encontraba en el puente Francisco Ochoa de esa localidad, según su familia y amigos, fue confundido con un manifestante y la Policía lo atacó a golpes. En ese momento, él decidió saltar al río para intentar ponerse a salvo pero infortunadamente fue arrastrado por la corriente del afluente.
Otra víctima de ese municipio fue Evelio de Jesús Flórez, un hombre de 86 años de edad que murió el 30 de abril por inhalación de gases lacrimógenos cuando una bomba de esa sustancia lanzada por el Esmad cayó en su vivienda y le causó graves problemas respiratorios que, infortunadamente, no pudo superar. Una situación similar acabó con la vida de una bebé de 5 meses, identificada como Sarai Milagros Toro, que tampoco resistió a los gases durante otro enfrentamiento entre la fuerza pública y los manifestantes.
Además del asesinato de Lucas Villa, el de Héctor Fabio Morales también exacerbó los ánimos de los protestantes luego de ser víctima de un ataque sicarial registrado cerca al Museo de Arte de la capital risaraldense, días después de que el alcalde de Pereira, Carlos Maya, convocara a la ciudadanía a un frente común para cuidar los bienes públicos y privados de la ciudad. Su mamá, Yolanda Henao, asegura que su familia fue abandonada por las autoridades y que este asesinato continúa en la impunidad.
Otra víctima fatal fue Walter Buitrago Jaramillo, de 32 años de edad, quien falleció en Pereira luego de ser arrollado por un bus de la empresa Flota Occidental en la carrera 9 con calle 9 en el momento en el que se registraban disturbios en ese punto de la ciudad.
