Pedirán a la Fiscalía investigación en la Unidad de Salud de Ibagué

En un candente debate, el concejal Rubén Darío Correa, explicó ante la plenaria varias denuncias sobre situaciones que se vienen presentando en la Unidad de Salud de Ibagué.

Según Correa, en la administración del ex alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se hizo una fusión buscando mejorar la situación financiera, pero en la actualidad la entidad se encuentra en un momento crítico.

“Estamos hoy peor en cuanto a los indicadores financieros, ha existido incremento a la nomina y una disminución considerable en el número de pacientes, situación que raya hasta con la politiquería”, dijo el cabildante.

Al igual sostuvo que con el cambio del gerente, no se podrá solo dejarle la responsabilidad al saliente, sino que se debe entender que es un problema de toda una administración.

“Desde el año 2019 el gerente que quedó en la USI, tenía indicadores en verde, pero en esta administración están en rojo, no pueden decir que el responsable se fue, es un caso en donde debe existir responsabilidad de la secretaría de Salud y el mismo alcalde como miembro de la Junta Directiva”, sostuvo Correa.

Las cifras indican que la entidad tenía 261 empleados en 2019 pero pasó a 671 que están según Correa desangrando la entidad “en este 2022, con déficit operacional de $7.000 millones y 74.000 usuarios menos. $21.000 millones en cuentas sin cobrar y tercerización y sobrecostos en contratación a la par con manejo irregular de recursos PIC y MAITE. Por supuesto probamos las pésimas gerencias solicitamos investigaciones de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”.

La Alcaldía de Ibagué responde:

El municipio anunció que transferirá $5.000 millones a la Unidad de Salud de Ibagué para fortalecer la prestación de sus servicios. Lo anterior con base en el artículo 123 del Decreto Nacional 111 de 1996, que permite asignar recursos de libre destinación.

Asimismo, entre el plan de choque se prevé la reestructuración de la Junta Directiva, la reducción de los costos en contratación, la gestión de negocios para la recuperación de los usuarios de las EPS liquidadas, y un posible plan de salvamento voluntario con la Superintendencia de Salud.

“Por ningún motivo permitiremos la privatización de la Unidad de Salud de Ibagué. No es política de esta Administración taparle a ningún funcionario; ante el más mínimo índice de corrupción, de manera inmediata se entregará esta información a los organismos de control para que inicien las investigaciones”, dijo Óscar Berbeo, secretario de Gobierno.