Cartagena de Indias

Contraloría detectó hallazgos administrativos en convenio del Dadis

Se trata del convenio suscrito con la Universidad de Cartagena para ejecutar actividades del plan de salud pública de intervenciones colectivas

Se trata del convenio suscrito con la Universidad de Cartagena para ejecutar actividades del plan de salud pública de intervenciones colectivas /

La Contraloría Distrital de Cartagena detectó tres hallazgos administrativos con incidencias fiscales y disciplinarias sobre el convenio suscrito entre el Distrito y la Universidad de Cartagena para ejecutar las actividades del plan de salud pública de intervenciones colectivas mediante acciones de promoción de salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública acorde a las tecnologías disponibles.

De acuerdo con la denuncia presentada por la líder social Jacqueline Perea, el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, se tenía que contratar a más tardar en el mes de marzo, pero se contrató solo hasta el mes de octubre, así:

- "Salud sexual y reproductiva por valor de $ 50.000.000,00 y se hizo por solo teletrabajo. Prevención y control de las enfermedades inmunoprevenible en el Distrito de Cartagena, ¿dónde se hicieron?, ¿quién las hizo?".

- "Por $ 207.000.000,00 fortalecimiento de la gestión de salud pública. Son catorce (14) programas que se encuentran dentro de salud pública Salud sexual y reproductiva en Instituciones educativas, en más de 50 colegios. Si las instituciones no estaban presencialmente, ¿Cómo se contrató?".

La Contraloría detectó un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal en cuantía de $63.803.563 millones, pues en cada uno de los respectivos presupuestos de los productos que integran el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, se estipuló un ítem descrito como “Estudio de evaluación de impacto de campaña publicitaria de información en salud”.

“De lo cual no existe evidencia en la etapa precontractual que justifique el costo, y en etapa de ejecución no existe evidencia que demuestre lo descrito y presupuestado como medición de impacto”, aseguró la Contraloría.

El otro hallazgo tiene una presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $47.500.000 millones, pues según el órgano de control no se avista en el expediente contractual el cumplimiento del producto N°8 correspondiente a la dimensión del componente salud sexual y reproductiva, porque la documentación allegada, más que exigua, es inexistente y no guarda relación alguna entre lo requerido por el ente contratante en los estudios y documentos previos y la documentación presentada en etapa de ejecución.

“Esta comisión auditora evidencia que se envió carta de invitación a las instituciones educativas en el mes de noviembre, adiada una de ellas el 20 de noviembre de 2020, con el fin de vincular a 25 adolescentes de por lo menos 50 instituciones educativas de cada sede, lo cual denota falta de planeación al pretender desarrollar las actividades; sin tener en cuenta el cronograma dispuestos por las mismas en atención al calendario escolar”, manifestaron..

La Contraloría detectó un listado que no corresponde a los 25 adolescentes de cada una de las 50 instituciones educativas requeridas en la etapa precontractual, conforme a lo solicitado por el jefe de la dimensión del referido programa, sin embargo, se evidenció que el listado está integrado en su gran mayoría por estudiantes del contratista, es decir de la Universidad de Cartagena. "Si bien es cierto son estudiantes de institución pública no menos cierto es que con este listado se incumple lo pactado en el contrato en cuanto al desarrollo del eje temático a quien iba dirigido.

La Contraloría puntualizó que en desarrollo del producto N°8 de salud sexual y reproductiva se evidencia una conducta que denota además de falta de planeación, una conducta con presunta incidencia fiscal, al no soportar el encargado de la ejecución presupuestal, es decir el gestor de los recursos y bienes, el cumplimiento del contrato, pues se suscribe documento por parte del ente contratante donde advierte la culminación del 100% de las obligaciones contractuales lo cual se denota un presunto daño, con el pago al contratista.

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