Supersalud revela 23 hallazgos en auditoría a la Gobernación de Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud presentó este martes los resultados de una auditoría a la Gobernación de Antioquia, que dejó 23 hallazgos administrativos, seis disciplinarios, cuatro fiscales y tres penales, ya trasladados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que determinen las posibles responsabilidades.

Durante la presentación del informe, el superintendente Daniel Quintero aseguró que la auditoría evidenció presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la salud pública, posibles negligencias en la atención de población indígena y fallas en la labor de inspección y vigilancia que ejerce la Secretaría de Salud de Antioquia sobre el sistema de salud del departamento.

Presunta destinación irregular de $4.700 millones

Uno de los principales hallazgos, según la Superintendencia, corresponde a la presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, recursos que la Nación gira a los departamentos y municipios para financiar, entre otros programas, acciones de salud pública.

De acuerdo con la entidad, ese dinero habría sido girado a cuentas de Empresas Sociales del Estado (ESE) sin los contratos correspondientes y por fuera de las cuentas oficiales destinadas exclusivamente al manejo de esos recursos.

Además, la Superintendencia aseguró que los rendimientos financieros generados por esos recursos presuntamente no fueron reintegrados a las cuentas oficiales, como lo establece la normativa vigente.

Hallazgos por presuntas negligencias

El informe también incluye hallazgos de presunto carácter penal relacionados con la atención en salud de población indígena.

Según explicó Daniel Quintero, la Gobernación de Antioquia habría incumplido los protocolos de seguimiento en el caso de una gestante indígena de 15 años considerada de alto riesgo, cuya atención, aseguró la entidad, presentó presuntas negligencias.

Otro de los casos corresponde a la muerte de una niña de la comunidad emberá chamí, en zona rural del municipio de Andes. Durante la rueda de prensa, el superintendente afirmó que las autoridades departamentales tardaron 138 días en advertir el fallecimiento.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.

Cuestionamientos a la vigilancia del sistema de salud

La auditoría también señala presuntas debilidades en la labor de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud de Antioquia.

Entre los hallazgos, la Superintendencia aseguró que encontró prestadores de servicios de salud que permanecieron durante más de cuatro años sin visitas de habilitación, ausencia de búsquedas activas para verificar el funcionamiento de algunos servicios y personal que, según el informe, no contaba con las certificaciones requeridas para ejercer esas funciones.

Además, Daniel Quintero afirmó que la Secretaría no realizó análisis de indicadores de calidad durante el segundo semestre de 2025 y cuestionó el control ejercido sobre EPS e IPS del departamento.

“Han sido muy suavecitos con las EPS y las IPS de Antioquia”, aseguró el superintendente durante la presentación del informe.

¿Por qué aparece la Fábrica de Licores de Antioquia?

Aunque la auditoría estuvo dirigida a la Gobernación de Antioquia, Daniel Quintero explicó que durante la revisión también surgieron hallazgos relacionados con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), empresa de propiedad del departamento.

El superintendente recordó que la intención de la entidad era auditar tanto a la Gobernación como a la licorera, debido a que los recursos que esta transfiere tienen destinación para el sector salud.

Sin embargo, sostuvo que esa auditoría no pudo concluirse porque, según afirmó, hubo dilaciones que impidieron el acceso a la empresa durante su administración. Aun así, aseguró que en la revisión realizada a la Gobernación aparecieron presuntas inconsistencias relacionadas con recursos provenientes de la FLA, entre ellas el manejo de rendimientos financieros que, según dijo, no habrían sido trasladados al destino que correspondía.

En reunión de los hallazgos, la Superintendencia Nacional de Salud indicó que a partir de ahora ya está en manos de las autoridades esta información, por lo que le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República determinar si los hallazgos reportados dan lugar a investigaciones y eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.