Iglesia Pentecostal pagará millonaria indemnización por muerte de 33 niños
La millonaria condena asciende a los 25 mil millones de pesos, según una sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Tragedia de Fundación, Magdalena. / Colprensa
Los familiares de los 33 niños y un adulto que murieron incinerados tras la tragedia de Fundación, Magdalena – al incendiarse un bus que movilizaba a los pequeños el pasado 18 de mayo de 2014 – recibirán 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales tasó el Tribunal Administrativo del Magdalena en una sentencia.
La millonaria indemnización a los familiares de las víctimas y a los lesionados, asciende a $25.261.565.430 y deberá ser pagada por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, quien tendrá que entregar los recursos al fondo para la protección de los derechos colectivos a fin de pagarle a los integrantes de las familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de las 33 víctimas.
De acuerdo con la sentencia, “se comprobó que la buseta incendiada fue contratada por un miembro de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevar a los niños a sus casas después de haber asistido a unas clases de escuela dominical, no obstante, a que el mencionado rodante no contaba con el seguro obligatorio, carecía de la revisión técnico mecánica y tenía la tarjeta de operaciones cancelada por parte de la empresa transportadora a la cual estuvo vinculada antes de ocurrido el siniestro”.
Respecto a las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se presentó el hecho, la sentencia recordó que el líder espiritual, Manuel Salvador Ibarra reconoció que existió manipulación de gasolina dentro del vehículo y al darle arranque al mismo se produjo la explosión.
El vehículo había sido desvinculado de la empresa Cooperativa Norteña de Transportes Integrados Coonor, y se dispuso anular la tarjeta de operaciones. La revisión técnico mecánica la tuvo vigente hasta el día 4 de mayo del 2012 y el soat hasta el 12 de abril del 2012.
Según el Tribunal, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumió la posición de garante frente a unos 60 niños sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes, y no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos.
De la misma manera consideró que la iglesia vulneró el principio de confianza de la sociedad y en particular de los padres de los menores por cuanto éstos creyeron que sus hijos se transportaban en un vehículo en óptimas condiciones mecánicas.
