Víctimas responden a Uribe que La Escombrera sí es una fosa común

En dos entrevistas en Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez puso en duda que haya personas desaparecidas en La Escombrera.

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En dos entrevistas en Caracol Radio, la primera el 19 y la segunda el 22 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez puso en duda que haya personas desaparecidas en el lugar conocido como La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín. Al referirse a los cuestionamientos que se le hacen por los 6402 falsos positivos que, de acuerdo con la JEP, cometieron las Fuerzas Militares entre 2002 y 2008, durante los primeros seis años de su gobierno, el exmandatario se refirió a ese lugar como una “supuesta fosa”.

“Yo llevo esperando desde el año 2003 donde están los falsos positivos, las personas enterradas en una supuesta fosa en La Escombrera, en Medellín. Cuando yo era presidente, 300 mil personas de la comuna 13 eran víctimas y prisioneros del crimen. Se recuperó ampliamente la tranquilidad y entonces empezaron a decir que había sido una política de tierra arrasada, una política de asesinar personas”, dijo el expresidente.

Sin embargo, sus declaraciones contradicen las posturas de numerosas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, además de las acciones ejecutivas e investigaciones que han adelantado diferentes autoridades. También las declaraciones, confesiones y reconocimiento de responsabilidades de varios exparamilitares.

Uno de ellos es Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, un mando medio de los paramilitares que operó en la comuna 13 a principios de la década del 2000 y en la actualidad paga una condena de 40 años de cárcel. En el marco de su proceso, reconoció haber facilitado guías de los mismos paramilitares para señalar a la Fuerza Pública a supuestos milicianos durante la operación Orión. Además, dijo haber presenciado de manera directa la disposición de por lo menos 10 cuerpos en La Escombrera, aunque aseguró en su confesión que serían por los menos 40 o 50 los cadáveres que fueron sepultados en ese lugar.

Orión fue una de las primeras acciones urbanas a gran escala en el marco de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Al frente del operativo estuvieron el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, coronel Leonardo Gallego, y el de la Cuarta Brigada del Ejército, general Mario Montoya. Este último es, además, el oficial de más alto rango en comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz y lo hace en el marco de la investigación por los falsos positivos.

Villa Saldarriaga fue justamente quien señaló a la Fiscalía algunos de los puntos donde podría haber personas enterradas en La Escombrera, un predio de aproximadamente 15 hectáreas en límites entre la comuna 13 y la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal. Las organizaciones sociales que acompañan a las víctimas presumen que los primeros cuerpos empezaron a ser arrojados en esa zona a mediados de los 90, pero aseguran que el momento más crítico fue durante Orión y los días posteriores a esa intervención.

“No se trata de suposiciones ni de que tengamos una idea, en realidad judicialmente varios paramilitares han confesado que los desaparecidos de Comuna 13 fueron enterrados en La Escombrera”, dice María Victoria Fallon, abogada del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), y quien ha llevado el caso a instancias internacionales. “No solamente la Corte Interamericana ya conoció un caso relacionado con la operación Orión, sino que en este momento hay un informe de fondo de la Comisión Interamericana por el caso del desaparecido Arles Édison Guzmán Medina, en el que la Comisión declaró responsable al Estado de Colombia y le ordenó tanto la investigación como la búsqueda y entrega de los restos a los familiares”, agrega Fallon.

En 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín exhortó a la Alcaldía de Medellín a detener el depósito de escombros que, aún hoy, siguen haciendo empresas privadas en esa zona, a pesar de los constantes llamados de las organizaciones de víctimas para que se cierren esos espacios y no se dificulte aún más el hallazgo de los cuerpos. Ya en 2015, el 27 de julio, el CTI de la Fiscalía comenzó una primera fase de búsqueda en un sector de 3700 metros cuadrados.

Sin embargo, ese proceso finalizó sin hallazgos y se detuvo en 2016 con la llegada a la Alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez. Esto, a pesar de que en campaña Gutiérrez se comprometió con una agenda de paz y posconflicto que incluía continuar esa búsqueda, y a que el mismo tribunal ordenó al Ministerio del Interior, la administración municipal, la Gobernación de Antioquia y otras autoridades financiar y realizar todos los esfuerzos para encontrar los cuerpos de las víctimas y llevar hasta su terminación del denominado Proyecto La Escombrera.

Pero la búsqueda de 2015 ha recibido críticas. Fuentes consultadas por Caracol Radio aseguraron que hubo falencias técnicas en los procesos de prospección arqueológica y que la visibilidad que tuvo ese proceso podría haber tenido un propósito velado de impunidad al enviar el mensaje de que hubo una búsqueda, pero ningún hallazgo.

Hoy sabemos que de pronto las fuentes que tenía la Fiscalía para determinar esos tres lugares no eran las más certeras dado que dependían de una persona conocida como Móvil 8 que estaba detenido en Bogotá y lo trajeron para que mostrara. Me parece que la Fiscalía debió haber buscado otras fuentes para tener mayor certeza en esa búsqueda”, dice Jorge Mejía Martínez, en la actualidad, director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, pero quien en 2015 era el Consejero para la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía y vocero de la administración del entonces alcalde Aníbal Gaviria para ese proceso.

No obstante, las víctimas aseguran que a la información aportada por Móvil 8 se han sumado testimonios de testigos, residentes del sector y otros exparamilitares. Alejandra Balvín es la vocera de la organización Mujeres Caminando por la Verdad. Su padre fue desaparecido en la comuna 13 el 26 de octubre de 2002, pocos días después de la operación Orión, y asegura que las versiones libres que ofrecieron varios paramilitares en el marco de Justicia y Paz ratifican que ese sitio se convirtió en una fosa común.

Los desmovilizados que estuvieron en la zona dicen que los cuerpos fueron llevados a ese sitio llamado La Escombrera, otros fueron incinerados en un sitio llamado La Ladrillera y otros tirados a una laguna donde tenían un campamento. Entonces nos sostenemos porque las versiones libres han sido muy contundentes. Inclusive, Diego Fernando Murillo (alias Don Berna) entregó unas ubicaciones de unas fosas comunes en La Escombrera y La Arenera, donde hay más de 350 personas desaparecidas”, dice.

A ello se suma que el 11 de agosto del año pasado, la JEP decretó medidas cautelares y prohibió cualquier tipo de intervención en dos lotes de esa zona, ambos propiedad de la empresa El Cóndor S.A. Además, ordenó a la Alcaldía de Medellín acordonarlos y conservarlos para que no sean alterados. Esas medidas fueron prorrogadas el pasado 11 de febrero por 120 días más para continuar las inspecciones judiciales en la zona.

 

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