Procuraduría citó a juicio disciplinario a exalcaldesa de Ocaña
Por presunta contratación con financista de su campaña
Municipio de Ocaña / Colprensa/Archivo
Cúcuta
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a la exalcaldesa de Ocaña, Norte de Santander, Miriam del Socorro Prado Carrascal (2016-2019), y a tres funcionarios de su administración, por la presunta contratación de uno de los financiadores de su campaña política, quien estaría inhabilitado por haber hecho aportes superiores al 2% del dinero máximo a invertir por parte de los candidatos.
La citación también cobija a los entonces secretarios de Vías, Infraestructura y Vivienda, Jorge Armando Navarro Rueda; de Gobierno, Juan Pablo Bacca manzano, y el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, Wilson Fernando Arenas.
En juicio verbal los investigados deberán explicar por qué en 2016 suscribieron los contratos de consultoría 001 y 015 y de suministro 01, 011 y 028, con la firma EEAA Service SAS, cuyo representante legal era Edgar Enrique Ataya Sánchez, quien habría hecho aportes a la campaña de la alcaldesa Prado Carrascal por $20 millones, que corresponden al 3.6% de los dineros máximos a invertir.
La Procuraduría cuestionó a los investigados la presunta violación del artículo 33 de la Ley 1778 de 2016 según la cual, los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital o municipal correspondiente, no pueden celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral.
Para las elecciones en las que participó la exalcaldesa el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución No. 127 del 30 de enero de 2015, determinó que la suma máxima a invertir por candidato en la campaña para la alcaldía era de $541´087.905.
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A juicio de la Procuraduría la exalcaldesa pudo omitir su deber de control y vigilancia sobre los negocios jurídicos suscritos en su administración, mientras que los otros investigados podrían habrían desconocido el literal k) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, que establece la inhabilidades e incompatibilidades para contratar.
La falta de los investigados fue calificada como gravísima a título de dolo.
