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Desaparición forzada

Puerto Boyacá: más de 280 víctimas de desaparición forzada esperan justicia

En una jornada de 5 días, las victimas exigieron amparo bajo la Ley de Justicia y Paz para garantizar verdad, justicia y reparación.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Dirección de Justicia Transicional, la región ha padecido la guerra por la disputa entre las guerrillas de las FARC y el ELN y, posteriormente, por grupos paramilitares.

Desde la década de los 80, con el surgimiento de las Autodefensas de Henry y Gonzalo Pérez en el Magdalena Medio, se originó uno de los más cruentos episodios de violencia que dejó miles de víctimas de delitos tales como homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento ilícito y violencia sexual.

Desde 2006, con la desmovilización de las denominadas Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, se inició el proceso de retorno a la paz y a la institucionalidad, orientado a salvaguardar los principios de verdad, justicia y reparación, tanto en el ámbito de la investigación penal como en la búsqueda de personas desaparecidas.

La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, a través del Grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube), adelantó bajo todos los protocolos de bioseguridad establecidos, del 3 al 8 de noviembre en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), una jornada de atención a víctimas del delito de desaparición forzada.

A la actividad habían sido convocados 250 familiares de desaparecidos, víctimas del conflicto armado colombiano; sin embargo, asistieron más de 280 personas que fueron atendidas en el marco de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.

La jornada tuvo como objetivo la toma de muestras biológicas con fines de identificación, recibir denuncias y entrevistas, prestar asesoría jurídica dentro del proceso de justicia transicional y alimentar el Registro Nacional de Desaparecidos. Esto, con el fin de proteger los derechos de las víctimas y lograr una respuesta pronta desde la institucionalidad, a una comunidad que ha sido vulnerable a la violencia.

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