Justicia

Cartagena de Indias

Improcedente tutela que pretendía frenar medida cautelar de Playetas

La decisión tomada por la sección Primera del Consejo de Estado ratifica la suspensión de cualquier tipo de obras sobre el pedraplén

Improcedente tutela que pretendía frenar medida cautelar de Playetas

Improcedente tutela que pretendía frenar medida cautelar de Playetas(Cortesía)

Cartagena de Indias

La Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente una acción de tutela instaurada por la firma KMC S.A.S, ganadora de la adjudicación del segundo tramo del proyecto, la cual pretendía suspender la medida cautelar que ordena no adelantar ningún tipo de obras en el pedraplén hasta que se defina cuál es la empresa que debe ejecutarlas.

Cabe recordar que esta medida cautelar fue dictada en el mes de febrero de 2020 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena, hasta dando no se dé un fallo oficial que determine cuál es la empresa que debe ejecutar las obras.

El representante legal de la Concesión Vial Isla Barú, Efraín Amín, expresó que el contrato de Playetas se desarrolla en 25 metros de ancho y que las obras que hay que ejecutar en la segunda fase hacen parte de esos 25 metros, razón por la cual el Tribunal de Arbitramento emitió una medida cautelar de suspensión de la obra para dirimir a cuál de los dos consorcios le corresponde ejecutarla.

La obra busca mitigar la erosión costera de la zona y mejorar la movilidad hacia el corregimiento de Barú. La discusión surgió teniendo en cuenta que la primera fase del proyecto fue adjudicado a la Concesión Vial Isla Barú (Cicón S. A.) y la segunda a KMC S.A.S.

“Con esto pienso que se cierra esta polémica con la empresa KMC que ha querido entrar a hacer parte del Tribunal de Arbitramento que tiene el Consorcio Vial Isla Barú con el Distrito de Cartagena”, expresó Amín.

La acción de tutela de KMC contra el Tribunal Arbitral convocado por la Constructora Emma Ltda. y Cicón S.A.S, el Distrito de Cartagena y el Departamento Administrativo de Valorización alegaba una presunta vulneración de los derechos del debido proceso e igualdad.

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