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Ríos Vivos denuncia presiones indebidas de EPM por demanda de conciliación

Así lo aseguró el movimiento opositor al proyecto Ríos Vivos en una carta enviada al alcalde de Medellín.

Ríos Vivos denuncia presiones indebidas de EPM por demanda de conciliación

Ríos Vivos denuncia presiones indebidas de EPM por demanda de conciliación / EPM

Antioquia

El Movimiento Ríos Vivos opositor del proyecto hidroeléctrico de Ituango, le pidió a EPM y al alcalde de Medellín que reactive las ayudas económicas que se le suspendieron hace algunos días a los afectados por la emergencia de Hidroituango. Esta población es conformada por barequeros, pescadores y agricultores.

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Isabel Zuleta representante legal del movimiento, le dijo a Caracol Radio, que esta situación se está reportando por una demanda de conciliación que instauraron más de 400 familias afectadas hace cerca de dos semanas ante la Procuraduría General de la Nación y, asegura que la empresa tomó represalias del hecho y por ello suspendieron los pagos a esta población. Así mimo denunció presiones del grupo EPM a los abogados que representan a los demandantes.

Varios de los demandantes están recibiendo presiones indebidas por parte de delegados de EPM, aduciendo que son los abogados que nos representan y el movimiento son los que tiene que responder de ahora en adelante por haber demandado por las ayudas humanitarias, que nada tiene que ver con nuestra demanda”, aseguró la señora Zuleta.

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Agregó que esto genera presión a las comunidades para que no exijan la reparación integral por los daños ocasionados y también buscan evitar que puedan acceder a la justicia, como si lo hizo el alcalde Quintero al demandar a los constructores por daños y perjuicios.

Le solicitamos al alcalde de Medellín y a los funcionarios de EPM encargados:

1. Reactivar las ayudas económicas para las personas que fueron afectadas por los descuidos y malos manejos del megaproyecto Hidroituango.

2. Suspender las presiones económicas e ilegales de EPM a las poblaciones.

3. Instar a EPM para que respete los derechos fundamentales del mínimo vital, la dignidad humana y el acceso a la justicia, entre otros, de las comunidades afectadas.

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