Procuraduría suspende a directivos de la Cámara de Comercio de Montería
La suspensión provisional está dirigida a evitar una posible interferencia en el trámite de la investigación.
Procuraduría suspende a directivos de la Cámara de Comercio de Montería / Caracol Radio
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses a cuatro miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería.
Se trata de Jorge Eliécer Doria Corrales, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, por presunta omisión en el control y vigilancia de los planes estratégicos y de acción anuales 2016-2019, que incluirían la contratación realizada por la presidencia de la entidad por cerca de $8.500 millones.
Entre las irregularidades que investiga la Procuraduría Regional de Sucre se encuentran las presuntas omisiones frente al control del 90% de la contratación que habría sido firmada con tres o cuatro empresas, sin que al parecer se le diera la suficiente publicidad y transparencia al mecanismo de contratación, y ante la presunta adjudicación a compañías que al parecer no contaban con la capacidad administrativa, organizacional y financiera para ejecutarlos.
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El Ministerio Público investiga a los cuatro miembros de la junta, teniendo en cuenta que según el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, aun siendo particulares, serían responsables de la planeación, adopción de políticas, control y evaluación de la gestión de la entidad, porque actúan de manera corporativa, lo que les permitiría conocer de primera mano las necesidades a contratar, y analizar el costo beneficio, teniendo en cuenta que los recursos en su mayoría provienen del erario.
La Procuraduría indicó que la medida cautelar de suspensión provisional contra los miembros de la Junta Directiva de la Cámara está dirigida a evitar una posible interferencia en el trámite de la investigación, o la reiteración de la posible falta.
El ente de control solicitó la práctica de pruebas con la finalidad de determinar si la actuación es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se pudo haber cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública.
Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
