Proceso fiscal contra gobernadora del Valle por más de $3 mil millones

Cali

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 y vinculó como presuntos responsables fiscales a la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, su Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Nataly Toro Pardo, y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, por presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.

Los hechos declarados como de Impacto Nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, están relacionados con el Contrato Interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 del 30 de marzo de 2020, por valor de $2.330.517.483, suscrito por la Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de Desarrollo Social y Participación y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, cuyo objeto es: “Brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a los adultos mayores de los centros de protección, centro vida y centro día”.

Para el cumplimiento de este contrato, la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, suscribió para la compra de productos el contrato No. 027 del 1 de abril de 2020, por un valor de $1.685.654.400, con la firma El Desvare.Net S.A.S.; y para el servicio de logística, el contrato No. 028 del 1 de abril de 2020, por valor de $313.929.600, con la firma Agrofaro S.A.S.

Según la Contraloría, el presunto sobrecosto al patrimonio del Estado está representado en el mayor valor de los productos adquiridos para 10.176 kits de asistencia alimentaria con el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 de 30 de marzo de 2020 y otrosí 1.230.02.59.2.3313 -1 de 12 de mayo de 2020.

Este mayor valor fue estimado en $311.935.026, sin indexar, que porcentualmente corresponde al 16.12% del valor del contrato interadministrativo, y se determinó al comparar los precios del proveedor Corpovalle.

Vinculación de los presuntos responsables fiscales:

- Clara Luz Roldán González, Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca: por haber efectuado la delegación de la contratación, mediante Decreto No. 1.3.0715 de 25 de marzo de 2020.

- Nataly Toro Pardo, Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca, quien suscribió el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.333 de 30 marzo de 2020 y el otrosí No. 1.230.02.59.2-3313- 1 de 12 de mayo de 2020.

- Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, representada legalmente a través de Adrián Fernando Zamora Duque, en calidad de contratista.

Igualmente, una de las dos indagaciones preliminares abiertas a la Gobernación del Valle del Cauca tiene que ver con presuntos sobrecostos (de más de $452 millones) en un contrato suscrito con la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, seccional Valle del Cauca, para la adquisición de bonos de alimentos, para atender la población vulnerable del departamento.

La apertura de esta indagación preliminar está sustentada en las siguientes razones:

• En la descripción de la necesidad no se detalla los alimentos que componen el bono con el objeto de entrar a determinar el precio y la cantidad.

• En el estudio de necesidades expresa que el plazo de ejecución son 10 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio, mientras que en la cláusula séptima del contrato el plazo de ejecución es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2020 y por otro lado en el Parágrafo dice que la vigencia de cada bono será hasta el 31 de julio de 2020. Como se evidencia, no se sabe cuál es el plazo de ejecución verdadero.

• En la cláusula segunda expresa que adquieren 15.000 bonos por $75.000 pesos cada uno. Es decir, los costos de los bonos serían $1.125.000.000. Sin embargo, en la cláusula quinta expresa “El valor del presente contrato es por $1.351.294.440, con lo cual se presentaría un sobrecosto en valores absolutos de $226.294.440, que corresponde al 20.1%

• Por otra parte, la Gobernación del Valle del Cauca realiza el otrosí No 3440-1, sin fecha por $1.351.294.440 con CDP No 3500006685 del 28 de marzo de 2020, para la compra de 15000 bonos de alimentos de primera necesidad por $75.000 cada uno más los gastos financieros y de operación propios del contrato. De igual manera como ocurrió con el primer contrato, la adición presentaría un sobrecosto también de $226.294.440, para un total de sobrecosto de $452.588.880. Es decir, los $226.294.440 del primer contrato más los $226.294.440 del otrosí.

Presunto sobrecosto contrato Centro de Acción Popular

En el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020, por valor de $4.448.700.000, suscrito con el Centro de Acción Popular, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

En el valor total contratado se encuentra un presunto sobrecosto por valor de $590.358.333 (15.3%) atendiendo al valor de los productos a entregar, que, de acuerdo con los valores del mercado, suman $77.167, incluidos los costos indirectos y no $88.974.

En la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Dirección de Investigaciones 1, se abrió la indagación preliminar que se encuentra en etapa de pruebas