El contrato del hospital Cari es "sospechoso e incoherente": Contraloría
El contrato del hospital Cari es "sospechoso e incoherente": Contraloría(Cortesía)
La Contraloría General de la República emitió un informe sobre el polémico contrato directo que el gerente del Hospital Cari de Barranquilla, Ulahy Beltrán, realizó en diciembre pasado para un operador privado para los próximos 15 años.
Allí se expresa que "para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación".
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Además se califica este convenio como "un modelo de negocio no viable y que no es coherente" para los recursos del centro asistencial teniendo en cuenta que la base de su facturación era de $14.900 millones para el año 2018 y con este contrato recibiría anualmente 12 mil millones de pesos, mientras que el operador privado tendría ingresos por 134 mil millones de pesos.
El vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, señaló que se logró determinar que la gerencia venía incumpliendo el programa de saneamiento fiscal para las empresas sociales del estado ya que éste no era optativo sino obligatorio.
"Se evidencia una extralimitación del gerente al no hallarse una autorización de la junta directiva para contratar directamente y comprometer la operación del centro asistencial", aseguró Rodríguez.
El representante del organismo manifestó: "Es necesario establecer si asiste responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva del hospital, Guido Santander, Eusebio Consuegra y Álvaro Sánchez, partícipes de la comisión designada por esa junta para hacerle seguimiento al desarrollo del proceso de selección del operador, sin evidenciarse pronunciamiento alguno de su parte con respecto a los hechos analizados por este organismo de control".
Para la Contraloría con el poco tiempo en que se realizó la contratación se limitó la participación a las personas naturales y veedurías para participar en el proceso.
