JUDICIAL
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Cinco militares fueron condenados en Santander por asesinato de campesino

La condena se dio por el asesinato de Gerardo Contreras Román, el 17 de mayo de 2005, cuando fue supuestamente abatido en acciones militares.

El Juez Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a cinco militares por la muerte de Gerardo Contreras Román, en hechos ocurridos el 17 de mayo de 2005, cuando lo presentaron como muerto en supuestas acciones militares.

Los implicados son el sargento Jorge Arley Sánchez Rojas y los soldados Abimael López Gómez, Wilson Javier Plata, René Alberto Prada y Jesús Rincón, quienes para entonces hacían parte del Batallón de Infantería No. 4 Antonio Ricaurte.

Según la investigación los uniformados estaban en la vereda Lebrija del mismo municipio adelantando acciones estratégicas y militares contra las Farc, ELN y paramilitares.

Las pruebas

La Fiscalía pudo determinar que los militares llegaron a la casa de la víctima en la madrugada del 17 de mayo de 2005 y se lo llevaron. Sobre las 5 de la mañana, el cuerpo del hombre fue encontrado sin vida por sus familiares con impactos de bala. 

Rocío Campos, Secretaria Técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, capítulo Magdalena Medio, dijo que es un avance que la Fiscalía condene a militares porque hay varios casos en impunidad.

"Nos da alegría cuando los casos de falsos positivos se resuelven de esta manera, la Fiscalía no ha querido avanzar mucho en estos casos, y esperamos que sean juzgados por la justicia ordinaria y no especial", indicó. 

Las condenas

El sargento Jorge Arley Sánchez Rojas fue condenado 35 años y 10 meses de prisión y al pago de 3600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de homicidio en personas protegida.

Los soldados Abimael López Gómez, Wilson Javier Plata, René Alberto Prada y Jesús Rincón fueron condenados a 33 años y 4 meses de prisión cada uno; además del pago de 2800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como responsables de la misma conducta.

La Fiscalía finalmente pudo comprobar que la víctima no hacía parte de ningún grupo guerrillero como se quiso mostrar, sino que realizaba trabajos de campo y hacía parte de la comunidad. 

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