Capturan a otras seis personas por fraude al sistema pensional
Las diligencias se desarrollaron en Barranquilla, Santa Marta y Valledupar
(Fiscalía)
Capturan en la costa a seis personas, entre ellas dos médicos, presuntamente vinculados a la defraudación a pensiones. Entre ellos están el psiquiatra Patricio García de Caro y el fisiatra José Vargas Russo, así como abogados, tramitadores y un funcionario de una multinacional, que certificaron enfermedades psiquiátricas y físicas para pensionar a trabajadores.
Las capturas se realizaron en Valledupar, Barranquilla y Santa Marta por personal de policía judicial.
Según un comunicado de la fiscalía, los capturados estarían vinculados a una organización que con los falsos certificados realizaban tramites en Colpensiones y otros fondos privados lo que permitió jubilar a empleados de multinacionales del sector minero.
Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías en Valledupar . La fiscalía le imputara los delitos de concierto para delinquir, cohecho y fraude por resolución judicial.
Los capturados responden a los nombres de:
Mario Alberto Alarcón Pabón, abogado y presunto tramitador de la estructura delincuencial - capturado en Barranquilla (Atlántico)
Rolando José Vargas Russo, médico fisiatra - capturado en Barranquilla (Atlántico)
Patricio Antonio García de Caro, médico psiquiatra - capturado en Barranquilla (Atlántico)
Alberto Manjarrez Álvarez, trabajador de multinacional y presunto tramitador – capturado en Santa Marta (Magdalena).
María Carolina Ovalle García, estudiante de décimo semestre de derecho y presunta tramitadora – capturada en Valledupar (Cesar).
Sandra Patricia González Atencio, presunta tramitadora y secretaria de la oficina del abogado Gilmar Salguero, capturado en la primera fase de la operación ‘Frenocomio’ - la mujer fue capturada en Barranquilla (Atlántico).
En las diligencias los investigadores recaudaron importante material probatorio que permitirá individualizar a funcionarios y otros presuntos involucrados en esta modalidad de defraudación al sistema de pensiones que podría superar los $90.000’000.000.
