Rector de Autónoma tenía aumentos salariales no autorizados: directivo

La venta de ocho hectáreas del Polideportivo se habría efectuado sin el aval del máximo organismo de la Universidad con sede en Barranquilla

La venta de ocho hectáreas del Polideportivo y la hipoteca de otras seis del mismo terreno; así como aumentos salariales al ex rector Ramsés Vargas, sin la autorización de la Sala General, son solo algunas de las presuntas irregularidades que han denunciado algunos de los directivos de ese organismo, quienes se encuentran revisando acta por acta.

Paul García, miembro activo de la Sala General, dijo en diálogo exclusivo con Caracol Radio que “se han encontrado hallazgos después de que el Ministerio de Educación presentara un informe técnico en el que se refiere a ventas e hipotecas de la Universidad, la cuales no han sido aprobadas por la Sala General”.

El directivo agregó que “uno de esos predios es el Polideportivo, que es el bien que tenemos más valioso. Hay una venta de una esquina de ocho hectáreas y una hipoteca del resto del terreno que es donde se encuentran las canchas de fútbol, béisbol y el coliseo”.

García explicó que para que “la Uniautónoma venda una propiedad existen procedimientos como iniciar por un avalúo para determinar el precio del bien para luego someterlo a aprobación de la Sala General y luego a la venta, pero nada de eso se dio”.

Sobre el salario del ex rector Vargas Lamadrid por 67 millones de pesos y bonificaciones por concepto de seguridad que alcanzan los 26.000 dólares mensuales, revelados en el informe de la cartera de educación, el miembro activo aseguró que “hay unas cosas que se le autorizaron”.

“Se nombró una comisión para que evaluara la posibilidad de aumento salarial pero ésta nunca se reunió y después apareció un aumento de sueldo de 20 millones de pesos. Eso lo encontramos fue ahora en los hallazgos”, reveló el académico, quien agregó que aunque no participó en la sesión donde se aprobó la cuestionada bonificación, “ésta se dio por US 10.000 pero luego apareció aumentado y después apareció como si se fuera aprobado por completo, eso es precisamente lo que se está tratando de investigar”.

García cuestionó que el Ministerio de Educación haya enviado a finales del año anterior a varios de sus funcionarios y que nunca se reunieron con la Sala General. “El mismo Ministerio estuvo en agosto y cuando vinieron, el concepto que emitieron fue que la Universidad tenía patrimonio y era solvente. Pero en ese momento no se reunieron con la Sala General ni el Consejo Directivo. Después vinieron en noviembre y tampoco se reunieron con ninguno de los dos órganos”.

El directivo explicó que la Sala General suele reunirse dos veces al año por lo que no hace seguimiento sobre las medidas que va tomando la Universidad. “Para eso tenemos un revisor fiscal que debe estar informando a la Sala qué es lo que está sucediendo con los bienes y con el flujo de caja de la institución”.

“En ningún momento, con todo lo que está pasando, el revisor fiscal no ha informado de la situación y de lo que está pasando con los bienes y con los recursos de la Autónoma”, indicó.

Finalmente el docente pidió a los miembros del sindicato y a estudiantes que se permita el ingreso de los funcionarios para poder cumplir con los requisitos planteados por el Ministerio.

“Toda la información que el Ministerio está requiriendo está en la universidad y los miembros del sindicato y estudiantes no están permitiendo a los directivos ni a los funcionarios del Gobierno ingresar, y no hemos podido avanzar”, expresó García.

Ante los supuestos hallazgos, García solicitó a la Sala General junto a otros miembros activos como Tamid Turbay Echeverría, Orlando Saavedra Magri, Mariano Romero Ochoa y Patricia Pinilla Muñoz, revisar los contenidos de cada una de las actas.

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