Defensores de derechos humanos piden atención binacional a la frontera

Cúcuta

Después de conocerse el enfrentamiento entre presuntas bandas criminales y autoridades venezolanas en el municipio de Pedro María Ureña que dejo 7 personas fallecidas, los organismos defensores de los derechos humanos en la zona de frontera han hecho el llamado a los gobiernos de Colombia y Venezuela para trabajar juntos en este fenómeno.

Con este enfrentamiento se suman en el 2018 siete masacres en la zona de frontera por lo que se han encendido las alarmas, y se ha reiterado el apoyo que deben tener las autoridades para contrarrestar las acciones de los grupos al margen de la ley.

Wilfredo Cañizares Arévalo director ejecutivo Fundación Progresar en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que este último hecho violento se suman a una estadística que ha aumentado en estos primeros meses del año.

“La situación en la frontera cada día es peor, un hecho siempre es más grave que el anterior y es una situación que hace rato se salió de las manos, esta masacre desafortunadamente se va a convertir en una cifra más porque nos hemos convertido en acumuladores de muertos, de masacres, de secuestros y de desaparecidos. La frontera está en manos de la criminalidad que es dirigida por estas bandas tanto en el lado colombiano como venezolano” dijo el defensor de los derechos humanos.

Cañizares Arévalo de igual forma hizo el llamado al gobierno para buscar una alianza con Venezuela, y poder hacer una lucha bilateral contra estos grupos.

“Nosotros le exigimos al estado colombiano que hayan respuestas y prontas para tratar el tema de la violencia, el gobierno se sigue equivocando en el tratamiento de los temas de frontera y pareciera que o no se enterara o no tuviera la voluntad esta problemática, y el agravante es que no se cuenta como aliado al gobierno venezolano por que los fronteras de la frontera ameritan una intervención bilateral, ameritan acuerdos entre los dos gobiernos” dijo el director de Progresar.

Según las autoridades en Venezuela estas personas que fueron dadas de baja pertenecían a una banda criminal que se encargaba de negocios ilícitos en la frontera, y con la cual se mantiene una disputa con otras organizaciones por el control del contrabando.