Economía

Fondo Adaptación negó pérdidas de $10.000 millones tras colapso de un puente en Otanche, Boyacá

El puente se desplomó tres meses después de haber sido inaugurado en febrero del 2017.

Fondo Adaptación negó pérdidas de $10.000 millones tras colapso de un puente en Otanche, Boyacá

Fondo Adaptación negó pérdidas de $10.000 millones tras colapso de un puente en Otanche, Boyacá / Cuarta Brigada Ejército Nacional

Tunja (Colombia)

La Contraloría señaló como responsable del desplome del puente al Fondo Adaptación.

En la mañana de este miércoles la Contraloría General de la Republica reveló que los más de $10.000 millones invertidos en el puente en Quebrada Blanca, en el municipio de Otanche (Boyacá), se habrían perdido por el colapso de la obra.

Según la investigación del ente de control, “el responsable y financiador de la obra es el Fondo Adaptación, que no realizó la revisión adecuada de los estudios y diseños definitivos del puente, en los cuales no se consideraron los antecedentes geológicos e hidrológicos de la zona”.

La Contraloría determinó que la caída de la obra “generó la pérdida de inversiones del Estado y un presunto detrimento patrimonial por valor de $10.792 millones. Los contratos de obra e interventoría de este puente, situado en un tramo de la llamada Transversal de Boyacá, demandaron inversiones de $9.504 millones y $1.287 millones, respectivamente”.

El organismo de control “encontró además que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma $502 millones 994.000, con lo cual el detrimento total llega a los $11.294 millones”.

Para la Contraloría, el colapso de la estructura del puente “afectó significativamente la mayor parte de los elementos estructurales del mismo, y en gran medida se debió a errores de ingeniería, como fallas en los supuestos de diseño y en las revisiones de la etapa de preconstrucción, que se podían haber evitado si se hubieran detectado a tiempo, con una adecuada supervisión”.

El puente vehicular fue entregado a la comunidad el 27 de febrero de 2017 para su uso pleno y presentó colapso estructural a los 3 meses (entre el 19 y 21 de mayo). Explicó la Contraloría que “antes de colapsar, se había advertido y monitoreado la condición de desplazamiento del puente (lo cual era una clara señal de amenaza sobre la estructura del mismo), pero no se realizaron gestiones para tomar acciones que pudiesen prevenir o contrarrestar una amenaza agresiva sobre la estructura”. 

El Fondo Adaptación responde a los señalamientos de la Contraloría

“No es cierto que se hayan perdido los más de $10.000 millones invertidos en el puente porque se evitó el colapso total, se recuperó la superestructura que se reutilizará en otro punto como se tiene previsto con el Invías; y adicionalmente, hay pólizas que cubren una posible pérdida económica si se demuestran fallas técnicas por parte de los contratistas”, señaló el comunicado emitido por el Fondo Adaptación.

Como la contraloría señaló que “aunque antes de entregarse el puente, se empezaron a registrar desplazamientos de su estructura, no se realizaron las gestiones ante esta señal de amenaza”, el Fondo Adaptación argumentó que “el 19 de mayo de 2017 se produjo un movimiento en masa de gran magnitud (no local) activado por las fuertes lluvias que afectó un sector de aproximadamente 10 hectáreas, 1,5 kilómetros de ladera, 300 metros de la vía nacional y el puente Otanche de 100 metros de longitud”.

Negaron que no se hubiera hecho una debida gestión y explicaron que “en el 2014 firmas idóneas de reconocimiento nacional e internacional para realizar los diseños, construcción e interventoría de las obras”.

Mencionaron que “los estudios especializados contratados por el Fondo con el consorcio Vial Itacol concluyeron en el 2013, que se podría construir el puente Otanche sobre la quebrada Aguablanca; la interventoría Cal y Mayor y Asociados aprobó los estudios y diseños; y el contratista Unión Temporal Juanchito (Amezquinta Naranjo Ingeniería y SYM Ingeniería SAS) los asumió para su ejecución”.

Defienden que “desde la puesta en funcionamiento del puente (julio 2016) el Fondo y el Invías realizaron el seguimiento que normalmente se hace después de entregada una obra y sólo hasta el 2017 se evidenciaron movimientos cuyo origen no era fácil de determinar, lo cual llevó a incrementar el monitoreo permanente y a convocar a los diferentes actores para determinar la causa”.

Aseguraron que “el Fondo contrató la firma especialista Bateman Ingeniería S.A. para determinar técnicamente si era previsible identificar el fenómeno que ocurrió y de ser así establecer las posibles responsabilidades”.

Indicaron que en el momento de la emergencia “el Fondo actuó oportunamente y una vez ocurrido el hecho activó un plan de contingencia para atender y proteger a las familias, así como para evaluar conjuntamente con el municipio, la gobernación, el Invías, el Servicio Geológico Colombiano, consultores especializados, el diseñador, los contratistas y los interventores; alternativas para proteger la estructura. Para evitar una tragedia mayor con pérdidas humanas y materiales, y salvaguardar los recursos públicos; el Fondo desmontó la superestructura y el Invías habilitó un paso provisional”.

El Fondo Adaptación manifestó que desde el momento del quiebre del Puente, “solicitó oportunamente el acompañamiento a los organismos de control, incluida la Contraloría General de la República”.

Mientras la Contraloría se sostiene en que su hallazgo será objeto de una indagación preliminar, el Fondo reiteró que estará atento a cualquier requerimiento que hagan los organismos de control.

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