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Concejo de Cartagena pide modificaciones a proyecto sobre nuevo contrato con Circulemos

Para que al Distrito no le toque cancelar cerca de 139.000 millones de pesos por concepto de facturación

(DATT)

Cartagena de Indias

Como un preámbulo al primer debate del proyecto de acuerdo para celebrar un nuevo contrato de concesión o prorrogar el actual con la empresa Circulemos para el suministro de infraestructura tecnológica, administración, actualización y mantenimiento del sistema de información de tránsito y transporte al DATT, el Concejo de Cartagena solicitó hacer unos cambios para que al Distrito no le toque cancelar cerca de 139.000 millones de pesos por concepto de facturación que podría reclamar el contratista.

El debate lo inició el concejal William Pérez, quien precisó que el proyecto tiene unas justificaciones técnicas y dentro de las conclusiones lo que más se recomienda es la prórroga.

“Nosotros sabemos que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) no sería sostenible sin el manejo que hace la concesión. “Pero se deben revisar las tarifas del parqueo y la ganancia que entrega el Distrito al concesionario, que si no estoy mal es del 24%. Yo vivo en San Francisco donde la gente vive del rebusque y cada vez que les detienen una moto tienen que pagar multas, patio y grúa, lo que motiva algunas veces a que dejen perder el vehículo y por eso los patios de la entidad están llenos de motos y carros viejos. Solicito al Distrito que disminuya el cobro del parqueo para que no sea tan oneroso para los cartageneros”, dijo.

Por su parte, Américo Mendoza, ponente del proyecto, indicó que la comisión ha estudiado la contingencia. “Ese es un contrato que tiene varios componentes. No solamente es la plataforma tecnológica. Por ejemplo, la grúa es del concesionario, los patios donde en este momento reposan cientos de vehículos de infractores también son del concesionario. Ello conduce a que de acuerdo al número de vehículos detenidos, no reclamados, se genera un pasivo que recae sobre el propietario, de acuerdo al tiempo que demore en los patios.

El contrato entrega el 28% de lo facturado al concesionario y por eso es que he pedido al Distrito que la ganancia por la operación se base en lo recaudado, y que el concesionario renuncie al pasivo acumulado a su favor que hoy por hoy está en el orden de los 139 mil millones de pesos”.

Mendoza Quessep indicó que el próximo 17 de diciembre se vence la concesión actual y el Distrito debería asumir toda la administración, pero como no está preparado, lo más recomendable es prorrogar. “Mañana tendremos la ponencia y se harán las recomendaciones”, indicó.

Recordó que antes de que el manejo del DATT se entregue en concesión, el caos reinaba en la entidad por la corrupción generada por la gemelización de placas y otros actos reprochables.

El concejal, David Dáger, recordó que el tema tarifario está reglamentado por un acuerdo y recalcó que se debe revisar con detenimiento las cláusulas del contrato porque el Distrito no puede ser solidario con los particulares que dejan perder los vehículos en los patios del DATT.

El concejal, Vicente Blel Scaff, anotó que como está presentado el contrato de concesión, es nocivo para el Distrito porque está fundamentado en la facturación y no en el recaudo. “Si se piensa prorrogar debe haber un arreglo antes de que el concesionario inicie un cobro jurídico contra el Distrito”.

Por su parte, el concejal, Rodrigo Reyes Pereira, dijo estar en la misma línea de William Pérez y David Dáger y se mostró sorprendido porque el Distrito no está preparado para asumir el manejo del DATT. “No entiendo por qué el director del DATT dice que la concesión es una necesidad para el funcionamiento de esa entidad. Aquí tengo todos los elementos para estudiar y revisar el contrato. Me duele que estemos amarrados porque se debe una plata a un particular”, expresó.

Entre tanto, el concejal, Edgar Mendoza Saleme, dejó claro que dicha prórroga no es a 10 años y lo mejor es solicitar al contratista que enuncie ante la presentación de una demanda para reclamar los 139.000 millones de pesos.

Así mismo, el concejal, César Pión aclaró que entre las recomendaciones que se le hacen al Distrito están incluidas las que hicieron las veedurías en la audiencia pública. “Se debe entender que nosotros no aprobamos, la decisión es del Alcalde. Nosotros hacemos unas sugerencias por el bien del Distrito, pero la última palabra la tiene el Alcalde”, indicó.

Por último, el concejal David Caballero dijo que ese contrato debe ser corregido para evitar que el Distrito pague por la facturación emitida, de lo contrario se seguirá favoreciendo al contratista.

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